EL PRESIDENTE Leonel Fernández se ha propuesto actuar con mano dura contra los militares y funcionarios involucrados en el narcotráfico.RICARDO HERNANDEZ / AFP / Getty Images
By SANTIAGO E. VELOZ / ENH
SANTO DOMINGO
En la capital de la República Dominicana circula el siguiente chiste:
Un automovilista se detiene en una avenida poco iluminada para cambiar un neumático desinflado. Se le acerca un tipo y le dice: ``Esto es un atraco''.
El automovilista responde: ``Gracias a Dios. Creí que era un policía o un guardia. ¿Me ayuda a cambiar la goma, señor ladrón, y después me roba?''
La situación, aunque imaginaria, ilustra claramente la desconfianza de muchos dominicanos hacia los militares y los policías, después de que algunos altos oficiales y simples agentes resultaran involucrados en acciones de narcotráfico o crímenes vinculados a las drogas.
Los acusados pertenecen a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes se suman así a la larga lista de delincuentes que cada día dejan huellas de sus acciones en casi todas las ciudades de esta nación que comparte con Haití la Isla Española en el Caribe.
El destape comenzó el 4 de agosto pasado, cuando siete colombianos fueron asesinados en una playa de la comunidad de Paya, en Baní, a 65 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. Solo sobrevivió un nicaragüense que está ahora en una cárcel de seguridad. Las autoridades dijeron entonces que se trató de una disputa por un cargamento de unos 1,200 kilogramos de cocaína, que supuestamente desapareció junto con $300,000.
Las investigaciones apuntaron hacia miembros de la Marina de Guerra. Entre los detenidos se cuentan un capitán de fragata, un capitán de corbeta y un alférez de navío, quienes han sido vinculados con personas del bajo mundo de las drogas, según informaciones de inteligencia manejadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Otros casos más recientes se refieren al apresamiento de 51 agentes de la Policía Nacional que prestaban servicios en la comunidad turística de Puerto Plata, 215 kilómetros al norte, y en Bonao, a 85 kilómetros también al norte de esta capital. Los policías, sometidos a la justicia, fueron acusados de asociación con malhechores para proteger narcotraficantes, cobro de peajes para facilitar el micro tráfico, extorsión y asesinatos. Entre los detenidos se encuentran un coronel, un teniente coronel, un capitán y numerosos agentes.
La junta de generales recomendó que el coronel Frank Félix Almonte Castillo fuera colocado en retiro forzoso y sometido a la justicia, junto al primer teniente José Daniel Cepeda Rubio y el segundo teniente Pedro Pablo Almonte Castillo, el sargento mayor Rafael Lora Rosario, los cabos Addier Miguel Mustafá Aracena y el raso Wellington Almonte Mateo.
''Las investigaciones de Puerto Plata arrojan que el sargento mayor Víctor Manuel Matos Acosta, el cabo Danny Domínguez Tavárez y el sargento de la Marina de Guerra, Luciano Valdez Díaz, presuntamente trabajaban directamente con Franklin Domingo Hidalgo Batista, uno de los principales narcotraficantes de la región norte. Los agentes utilizaban los símbolos de la autoridad para hacer apresamientos irregulares, agredir, ocultar evidencias y custodiar al narco que los contrató. Dice que este grupo era el responsable de eliminar a los adversarios que intentaban ganar espacios en el mercado de drogas liderado por el famoso capo'', indicó la policía en un comunicado.
''El narcotraficante también era protegido por el teniente coronel José María Díaz y sus subalternos: primer teniente Diógenes de la Cruz Solano, segundo teniente Cristian Ferreras Hernández, sargento mayor Jesús María Vargas Peña, cabo Carlos Novas Suverví y el raso Silvio Hipólito Bencosme Tejada''. Todos fueron despedidos y encausados.
El grupo está acusado de haber asesinado a tiros a los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña y a Julio César García Almonte el 2 de enero de este año en Puerto Plata.
La comisión recomendó también a las Fuerzas Armadas la cancelación de los nombramientos del sargento de la Fuerza Aérea David Manuel Núñez Ortiz y del cabo Radhamés del Rosario Quiñones, así como de los rasos Francisco Javier Cruz Peña y Jefry Paula.
La delincuencia se extendió a la Fuerza Aérea Dominicana. Hace dos semanas, un grupo armado de fusiles y con un perro supuestamente rastreador de drogas asaltó las oficinas de la empresa láctea Parmalat Dominicana, de donde habrían sustraído una suma millonaria. El grupo, vestido con uniformes del departamento antinarcóticos, fue perseguido por dos policías, produciéndose un tiroteo en el que uno de los asaltantes resultó herido.
Entonces se comprobó que era el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana José Luis Vargas Cuello, quien está acusado junto a otros militares de dirigir una banda que cometía atracos. Sus superiores dijeron que el acusado tenía 20 años en las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, aunque en por lo menos dos ocasiones había sido despedido por mala conducta y por arrojar positivo en una prueba de drogas. Hoy está preso en el penal de La Victoria, con una medida de coerción provisional de un año, a la espera de juicio. Los dos policías que lo hirieron fueron ascendidos de rango.
El Ejército no escapa de la crisis. En varias ocasiones sus miembros han sido apresados en el momento mismo en que cometían atracos o traficaban con drogas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía, a través de sus altos mandos, han dicho que sacarán ''a las lacras'' de esas instituciones, en cumplimiento de una orden del presidente Leonel Fernández, quien en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero se refirió a la corrupción en las instituciones militares. Con posterioridad, despidió a 29 generales por ''antigüedad en el servicio'', lo que dio paso a voces opositoras que dijeron que ``justos y pecadores fueron envueltos en el mismo saco''.
En esta nación del Caribe hay alrededor de 300 generales, según cómputos extraoficiales. Esto convertiría a la República Dominicana en uno de los países del mundo con más generales, en proporción a su tamaño y población. En el último semestre han sido expulsados 538 oficiales y subalternos acusados de cometer ''faltas graves'' en el ejercicio de sus funciones.
Esa es la razón que podría explicar por qué, sobre todo en horas de la noche, los dominicanos sienten temor cuando por cualquier razón los detiene la policía. En muchos casos se trata de delincuentes con ropa militar que proceden a atracar a quienes por cualquier motivo tienen que salir a la calle.
La inseguridad ha llevado a por lo menos 200,000 ciudadanos a proveerse de armas. Según registros oficiales, la Secretaría de Interior y Policía otorgó 178,193 autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego durante el período de septiembre del 2003 a junio del 2005; se efectuaron un total de 189,933 trámites, pudiendo una misma persona poseer más de un arma de fuego. El 93.4 por ciento de esas autorizaciones fueron privadas y el restante 6.5 oficiales. En los últimos seis años se registraron 10,103 homicidios, para un promedio de cerca de cinco homicidios por día. El 91 por ciento de las víctimas fueron hombres.
Hasta enero del año pasado, casi 85,000 personas no habían renovado los permisos para portar armas de fuego. Las autoridades han concedido varios plazos para poner al día las licencias. El último se vence mañana lunes.
Interior y Policía advirtió que en caso de que ciudadanos propietarios de armas con licencias vencidas desde hace más de dos años no las actualicen, las armas serán incautadas y los dueños encausados por porte ilegal.
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo_dia/v-fullstory/story/405045.html
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