Miércoles 25 de Agosto de 2010 16:13
Fuente: EFE
Las autoridades mexicanas investigan este miércoles las afirmaciones de un testigo de la matanza de 72 personas perpetrada en el noreste de México que asegura que los asesinados eran inmigrantes que querían llegar a EE.UU. y fueron víctimas de un grupo armado, que identificó como el cartel de los Zetas.
El testigo, Luis Freddy Lala Pomavilla, ecuatoriano de 18 años, formaba parte del grupo y fue quien avisó a las autoridades de lo sucedido en un rancho cercano a la localidad de San Fernando, el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
De acuerdo con el ecuatoriano, quien resultó herido de bala en el cuello, los asesinados provenían de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras y fueron secuestrados por hombres armados antes de alcanzar su objetivo de llegar a la frontera, lo cual está aun por confirmar como toda su declaración.
Hasta el momento lo que se sabe con certeza es que se trataba de 58 hombres y 14 mujeres.
La Cancillería mexicana ya se está coordinando con las embajadas de los países de los que presuntamente provenían los asesinados para proceder a la identificación de los cuerpos.
El sobreviviente atribuyó la matanza a Los Zetas, uno de los carteles de narcotraficantes más peligrosos del país, según informó hoy el portavoz de la Marina, el contraalmirante José Luis Vergara.
Los Zetas, antiguo brazo armado del cártel del Golfo, con quien libra ahora en Tamaulipas y otros estados del norte una cruenta guerra por el control del territorio, fueron formados por desertores de un grupo de elite del Ejército mexicano en 1999.
Según el portavoz nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, si se confirma la declaración del testigo se demostraría que el narcotráfico mexicano está recurriendo al secuestro y la extorsión de indocumentados en busca de recursos ante "la situación adversa" que enfrentan.
"Algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de migrantes centro y sudamericanos, y en algunas ocasiones en el intento de su reclutamiento para formar parte de las propias bandas criminales", indicó.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y la procuraduría de Tamaulipas han abierto sendas investigaciones por el delito de homicidio y lo que resulte.
Alertados por el sobreviviente, efectivos de la Marina se desplazaron ayer al lugar de la matanza para comprobar la situación. Ahí se desató un tiroteo con personas armadas que se encontraban e el lugar.
El reconocimiento de la Marina se apoyó con un avión, que fue tiroteado, y dos helicópteros.
En el intercambio de disparos perdieron la vida tres de los presuntos autores de la masacre y un marino.
Además, fue detenido un menor de edad, del que no se han dado detalles.
Tras la huida de los supuestos narcotraficantes, se efectuó un registro de la zona y se hallaron los 72 cadáveres en un rancho.
El viceministro mexicano de Exteriores, Salvador Beltrán del Río, destacó hoy que, para frenar a las redes de tráfico de indocumentados en el continente y ante la escalada de violencia, hay "necesidad de compartir información de lo que está pasando en los respectivos países".
Toda la información dada a conocer sobre el suceso es preliminar, según el portavoz de la fiscalía federal, Ricardo Nájera, ya que el único indocumentado superviviente se encuentra rindiendo formalmente su declaración.
El menor detenido se encuentra en idéntica situación, "asistido por las personas que deben asistirlo, incluido un abogado defensor", explicó Nájera.
Poiré apuntó que en fechas próximas se hará público un informe sobre la situación de la violencia en México.
Hasta el momento, el país acumula 28.000 muertes violentas asociadas al crimen organizado durante el Gobierno del conservador Felipe Calderón, que comenzó su mandato en diciembre de 2006.
Los medios impresos de Tamaulipas ignoraron hoy en sus portadas el hallazgo de los 72 cadáveres, aunque algunos incluyeron la información de manera discreta en sus ediciones digitales.
Tamaulipas es, según el gremio periodístico, uno de los estados donde más se amordaza a la prensa, ya que los cárteles amenazan ante la publicación de cualquier información que no convenga a sus intereses.
Este extremo ha sido corroborado por los relatores en materia de libertad de expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyeron ayer una visita de quince días al país para verificar su situación, y cuyo informe pone de manifiesto la "impunidad general" ante los asesinatos de periodistas.
Fuente: EFE
Las autoridades mexicanas investigan este miércoles las afirmaciones de un testigo de la matanza de 72 personas perpetrada en el noreste de México que asegura que los asesinados eran inmigrantes que querían llegar a EE.UU. y fueron víctimas de un grupo armado, que identificó como el cartel de los Zetas.
El testigo, Luis Freddy Lala Pomavilla, ecuatoriano de 18 años, formaba parte del grupo y fue quien avisó a las autoridades de lo sucedido en un rancho cercano a la localidad de San Fernando, el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
De acuerdo con el ecuatoriano, quien resultó herido de bala en el cuello, los asesinados provenían de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras y fueron secuestrados por hombres armados antes de alcanzar su objetivo de llegar a la frontera, lo cual está aun por confirmar como toda su declaración.
Hasta el momento lo que se sabe con certeza es que se trataba de 58 hombres y 14 mujeres.
La Cancillería mexicana ya se está coordinando con las embajadas de los países de los que presuntamente provenían los asesinados para proceder a la identificación de los cuerpos.
El sobreviviente atribuyó la matanza a Los Zetas, uno de los carteles de narcotraficantes más peligrosos del país, según informó hoy el portavoz de la Marina, el contraalmirante José Luis Vergara.
Los Zetas, antiguo brazo armado del cártel del Golfo, con quien libra ahora en Tamaulipas y otros estados del norte una cruenta guerra por el control del territorio, fueron formados por desertores de un grupo de elite del Ejército mexicano en 1999.
Según el portavoz nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, si se confirma la declaración del testigo se demostraría que el narcotráfico mexicano está recurriendo al secuestro y la extorsión de indocumentados en busca de recursos ante "la situación adversa" que enfrentan.
"Algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de migrantes centro y sudamericanos, y en algunas ocasiones en el intento de su reclutamiento para formar parte de las propias bandas criminales", indicó.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y la procuraduría de Tamaulipas han abierto sendas investigaciones por el delito de homicidio y lo que resulte.
Alertados por el sobreviviente, efectivos de la Marina se desplazaron ayer al lugar de la matanza para comprobar la situación. Ahí se desató un tiroteo con personas armadas que se encontraban e el lugar.
El reconocimiento de la Marina se apoyó con un avión, que fue tiroteado, y dos helicópteros.
En el intercambio de disparos perdieron la vida tres de los presuntos autores de la masacre y un marino.
Además, fue detenido un menor de edad, del que no se han dado detalles.
Tras la huida de los supuestos narcotraficantes, se efectuó un registro de la zona y se hallaron los 72 cadáveres en un rancho.
El viceministro mexicano de Exteriores, Salvador Beltrán del Río, destacó hoy que, para frenar a las redes de tráfico de indocumentados en el continente y ante la escalada de violencia, hay "necesidad de compartir información de lo que está pasando en los respectivos países".
Toda la información dada a conocer sobre el suceso es preliminar, según el portavoz de la fiscalía federal, Ricardo Nájera, ya que el único indocumentado superviviente se encuentra rindiendo formalmente su declaración.
El menor detenido se encuentra en idéntica situación, "asistido por las personas que deben asistirlo, incluido un abogado defensor", explicó Nájera.
Poiré apuntó que en fechas próximas se hará público un informe sobre la situación de la violencia en México.
Hasta el momento, el país acumula 28.000 muertes violentas asociadas al crimen organizado durante el Gobierno del conservador Felipe Calderón, que comenzó su mandato en diciembre de 2006.
Los medios impresos de Tamaulipas ignoraron hoy en sus portadas el hallazgo de los 72 cadáveres, aunque algunos incluyeron la información de manera discreta en sus ediciones digitales.
Tamaulipas es, según el gremio periodístico, uno de los estados donde más se amordaza a la prensa, ya que los cárteles amenazan ante la publicación de cualquier información que no convenga a sus intereses.
Este extremo ha sido corroborado por los relatores en materia de libertad de expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyeron ayer una visita de quince días al país para verificar su situación, y cuyo informe pone de manifiesto la "impunidad general" ante los asesinatos de periodistas.
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