Friday, 17 June 2011 11:18
Boletín OSC de DH y migrantes
La tragedia humanitaria que viven las personas migrantes mexicanas y extranjeras en México, caracterizada por más de 20,000 secuestros al año, masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y los hallazgos continuados de fosas clandestinas con los restos mortales de cientos de personas nos exigió y nos comprometió a realizar un "Taller internacional por el derecho a migrar sin violencia", con la intención de intercambiar experiencias y propuestas para poner fin a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México.
Representantes de casas de migrante de todo el país, académicos, organizaciones internacionales, en nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, respondemos a esta lacerante realidad.
En la actualidad, al permitir y coludir en la actuación de los grupos del crimen organizado en contra de las y los migrantes, el Estado es responsable por desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violencia de género, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra esta población.
Después de tres días de análisis de la situación que enfrentan las personas migrantes en México y del fenómeno regional y global de la migración, exigimos al Estado mexicano:
1. Que proporcione a las personas transmigrantes la posibilidad de transitar el territorio nacional con un estatus migratorio regular. Lo anterior se puede lograr mediante la inclusión de una visa para transmigrantes en las reformas a la nueva Ley de Migración en los próximos meses, o mediante un acuerdo de supresión de visas entre México y los países de origen, sobre todo los países centroamericanos.
2. Que garantice la seguridad de las personas mexicanas que se ven obligadas a migrar y que se han convertido en centro de mercantilización igual que la población transmigrante.
3. Ante la ineficacia de los programas actuales en materia de deportación, que garantice un retorno seguro a casa de las personas mexicanas repatriadas, proporcionándoles información, una identificación y los recursos económicos y logísticos necesarios para este fin.
4. Que reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los migrantes, en particular garantizar la protección de las casas de migrante y las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, destacamos que cualquier acción o mecanismo gubernamental de protección para las y los defensores de derechos humanos debe ser resultado de un proceso participativo de consulta y acuerdos con la sociedad civil.
5. Considerando que la obligación de investigar todo delito cometido contra las personas migrantes corresponde al Estado a partir del momento en que tenga conocimiento de la probable comisión de actos delictivos, exigimos que el Gobierno mexicano cumpla este deber, poniendo fin a la impunidad imperante y persiguiendo, consignando y sancionando a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra migrantes, incluyendo a los agentes estatales coludidos o que toleren dichas conductas a todos niveles. Ante la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, a nivel estatal y federal, proponemos la creación de una instancia especializada que garantice una investigación de dichos delitos acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con la sociedad civil dedicada a la protección de la población migrante. Destacamos que esta instancia debe cuidar de no repetir las deficiencias de pasadas Fiscalías especializadas que sólo han abonado a la impunidad.
6. Que garantice la atención y protección integral a migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando un presupuesto adecuado para los programas necesarios de atención integral y protección.
7. Que colabore activamente con los gobiernos de la región para implementar soluciones efectivas que pongan fin a los abusos cometidos en contra de sus ciudadanos en territorio mexicano.
Las y los migrantes, sujetos de derecho, se encuentran en una situación de peligro inminente por su estatus y por las causas estructurales que los obligan a abandonar sus países y transitar en la clandestinidad. Este fenómeno exige urgentemente una respuesta eficaz que garantice la vida, integridad física y seguridad de todas las personas migrantes en territorio mexicano. Ningún país democrático puede aceptar la masacre continuada de decenas de miles de personas vulnerables que igual que millones de mexicanos buscan una vida digna y libre de violencia.
Organizaciones internacionales:
Arizona Interfaith Alliance for Worker Justice (Alianza entre Religiones por la Justicia Laboral, Arizona)
Fundación Rafto para los Derechos Humanos, Noruega
Programa de Justicia Social y Derechos Humanos, Universidad Estatal de Arizona
Organizaciones mexicanas y regionales:
La 72, Hogar Refugio para las Personas Migrantes, Tenosique, Tabasco
Belén Posada del Migrante, Saltillo, Coahuila
Casa del Migrante Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca
Casa del Migrante Reynosa "Nuestra Señora de Guadalupe", Tamaulipas
Centro de Apostado San Nicolás de Tolentino, Guadalupe, Nuevo León
Centro de Atención al Migrante y Necesitado, Altar, Sonora
Centro de Derechos Humanos del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua
Centro de Derechos Humanos para Migrantes "Beato Juan Bautista Scalabrini", Nuevo Laredo, Tamaulipas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Saltillo, Coahuila
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana
Diócesis de Saltillo
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., Comitán, Chiapas
Frontera Con Justicia, Saltillo, Coahuila
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas
Humanidad Sin Fronteras, Saltillo, Coahuila
Iniciativa Frontera Norte
Movimiento Migrante Mesoamericano
Las Patronas, Córdoba, Veracruz
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
Servicio Jesuita a Migrantes
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
A título individual:
Dr. Alejandro Anaya Muñoz, División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Dr. Michelle Téllez, Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos
Dr. Javier Urbano Reyes, Departamento de Estudios Internacionales, Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México
Lic. Pau Vidal Sas, Servicio Jesuita a Refugiados
Boletín OSC de DH y migrantes
La tragedia humanitaria que viven las personas migrantes mexicanas y extranjeras en México, caracterizada por más de 20,000 secuestros al año, masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y los hallazgos continuados de fosas clandestinas con los restos mortales de cientos de personas nos exigió y nos comprometió a realizar un "Taller internacional por el derecho a migrar sin violencia", con la intención de intercambiar experiencias y propuestas para poner fin a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México.
Representantes de casas de migrante de todo el país, académicos, organizaciones internacionales, en nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, respondemos a esta lacerante realidad.
En la actualidad, al permitir y coludir en la actuación de los grupos del crimen organizado en contra de las y los migrantes, el Estado es responsable por desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violencia de género, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra esta población.
Después de tres días de análisis de la situación que enfrentan las personas migrantes en México y del fenómeno regional y global de la migración, exigimos al Estado mexicano:
1. Que proporcione a las personas transmigrantes la posibilidad de transitar el territorio nacional con un estatus migratorio regular. Lo anterior se puede lograr mediante la inclusión de una visa para transmigrantes en las reformas a la nueva Ley de Migración en los próximos meses, o mediante un acuerdo de supresión de visas entre México y los países de origen, sobre todo los países centroamericanos.
2. Que garantice la seguridad de las personas mexicanas que se ven obligadas a migrar y que se han convertido en centro de mercantilización igual que la población transmigrante.
3. Ante la ineficacia de los programas actuales en materia de deportación, que garantice un retorno seguro a casa de las personas mexicanas repatriadas, proporcionándoles información, una identificación y los recursos económicos y logísticos necesarios para este fin.
4. Que reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los migrantes, en particular garantizar la protección de las casas de migrante y las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, destacamos que cualquier acción o mecanismo gubernamental de protección para las y los defensores de derechos humanos debe ser resultado de un proceso participativo de consulta y acuerdos con la sociedad civil.
5. Considerando que la obligación de investigar todo delito cometido contra las personas migrantes corresponde al Estado a partir del momento en que tenga conocimiento de la probable comisión de actos delictivos, exigimos que el Gobierno mexicano cumpla este deber, poniendo fin a la impunidad imperante y persiguiendo, consignando y sancionando a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra migrantes, incluyendo a los agentes estatales coludidos o que toleren dichas conductas a todos niveles. Ante la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, a nivel estatal y federal, proponemos la creación de una instancia especializada que garantice una investigación de dichos delitos acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con la sociedad civil dedicada a la protección de la población migrante. Destacamos que esta instancia debe cuidar de no repetir las deficiencias de pasadas Fiscalías especializadas que sólo han abonado a la impunidad.
6. Que garantice la atención y protección integral a migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando un presupuesto adecuado para los programas necesarios de atención integral y protección.
7. Que colabore activamente con los gobiernos de la región para implementar soluciones efectivas que pongan fin a los abusos cometidos en contra de sus ciudadanos en territorio mexicano.
Las y los migrantes, sujetos de derecho, se encuentran en una situación de peligro inminente por su estatus y por las causas estructurales que los obligan a abandonar sus países y transitar en la clandestinidad. Este fenómeno exige urgentemente una respuesta eficaz que garantice la vida, integridad física y seguridad de todas las personas migrantes en territorio mexicano. Ningún país democrático puede aceptar la masacre continuada de decenas de miles de personas vulnerables que igual que millones de mexicanos buscan una vida digna y libre de violencia.
Organizaciones internacionales:
Arizona Interfaith Alliance for Worker Justice (Alianza entre Religiones por la Justicia Laboral, Arizona)
Fundación Rafto para los Derechos Humanos, Noruega
Programa de Justicia Social y Derechos Humanos, Universidad Estatal de Arizona
Organizaciones mexicanas y regionales:
La 72, Hogar Refugio para las Personas Migrantes, Tenosique, Tabasco
Belén Posada del Migrante, Saltillo, Coahuila
Casa del Migrante Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca
Casa del Migrante Reynosa "Nuestra Señora de Guadalupe", Tamaulipas
Centro de Apostado San Nicolás de Tolentino, Guadalupe, Nuevo León
Centro de Atención al Migrante y Necesitado, Altar, Sonora
Centro de Derechos Humanos del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua
Centro de Derechos Humanos para Migrantes "Beato Juan Bautista Scalabrini", Nuevo Laredo, Tamaulipas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Saltillo, Coahuila
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana
Diócesis de Saltillo
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., Comitán, Chiapas
Frontera Con Justicia, Saltillo, Coahuila
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas
Humanidad Sin Fronteras, Saltillo, Coahuila
Iniciativa Frontera Norte
Movimiento Migrante Mesoamericano
Las Patronas, Córdoba, Veracruz
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
Servicio Jesuita a Migrantes
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
A título individual:
Dr. Alejandro Anaya Muñoz, División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Dr. Michelle Téllez, Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos
Dr. Javier Urbano Reyes, Departamento de Estudios Internacionales, Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México
Lic. Pau Vidal Sas, Servicio Jesuita a Refugiados
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