06 de julio de 2011 • 18:25
Dallas.- Suspender la ejecución del reo mexicano Humberto Leal García, programada para las 18:00 horas locales de mañana jueves, sería devastador para los familiares de su víctima, aseguró la madre de la joven asesinada hace 17 años.
La familia ha sufrido demasiado tiempo en espera de justicia, dijo Esther Ruiz, madre de Adria Sauceda, quien tenía 16 años cuando su cuerpo fue encontrado desnudo en un lote baldío del sur de San Antonio, Texas, después de haber sido vista salir de una fiesta y subir al automóvil de Leal, la madrugada del 21 de mayo de 1994.
Abogados defensores del mexicano han interpuesto múltiples recursos ante las cortes y las autoridades de Texas pidiendo que se posponga la ejecución por las violaciones cometidas contra los derechos de su cliente, durante su detención y proceso judicial.
Hasta ahora, ninguno de esos recursos ha tenido eco y la vida de Leal depende sólo de la respuesta que de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos a las ultimas apelaciones interpuestas para tratar de frenar la ejecución.
El gobernador de Texas, Rick Perry, también podría emitir una orden ejecutiva y detener la aplicación de la sentencia por un plazo de 30 días, pero por su historial en este tipo de casos, se considera remoto que lo haga.
La defensa del mexicano argumenta especialmente la violación al derecho de notificación consular que privó a Leal de la ayuda legal de las autoridades de su país, un recurso crítico que pudo haber evitado la sentencia de muerte.
El derecho está estipulado en el tratado internacional que emanó de la Convención de Viena Sobre Derechos Consulares de 1963, y que fue ratificado por un centenar de naciones, entre ellas Estados Unidos y México.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, certificó la violación de los derechos como extranjero en el caso de Leal y de otros 50 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en este país.
En 2004, la CIJ ordenó a Estados Unidos la reparación de esas transgresiones revisando de nuevo ante las cortes los casos de cada uno de ellos.
La orden no ha sido cumplida a pesar de la voluntad del gobierno federal estadunidense para hacerlo, al enfrentarse a la oposición de los gobiernos estatales, especialmente el de Texas, la entidad que más aplica la pena de muerte.
'Un tecnicismo no le concede a nadie el derecho de venir a este país a violar, torturar y matar a alguien, en este caso mi hija', indicó la madre de Sauceda en entrevista con la estación de televisión KSAT de San Antonio.
Ruiz aseguró recordar cada momento que pasó con su hija Adria, desde que nació hasta que murió. 'Ella era una jovencita hermosa, brillante, vibrante. Llena de aspiraciones y esperanza'.
La madre dijo que desde que Adria murió, ella ha estado buscando justicia para su hija y el cierre de este doloroso capítulo para ella. 'Ha sido muy duro para mí misma y para los miembros de la familia. Luego de casi dos décadas, deseamos que termine', indicó.
La ley de Texas concede a los familiares de la víctima de un sentenciado a la pena de muerte, el atestiguar la ejecución en caso de desearlo.
Ruíz no informó si ella o algún otro miembro de la familia tenían planeado acudir a la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas, a presenciar la aplicación de la inyección letal a Leal, en caso de que las peticiones de clemencia del reo no encuentren eco.
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