María Peña
Washington, 28 jun (EFE).- La Cámara baja de EE.UU. aprobó hoy la censura por desacato contra el fiscal general, Eric Holder, la primera vez que se impone esta medida al máximo responsable de Justicia del país, por su negativa a entregar más documentos sobre la fallida operación que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.
Con 255 votos a favor y 67 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la medida sin precedentes contra el secretario de Justicia, en una acción que enfrentó a republicanos y demócratas.
De hecho, varios legisladores demócratas, encabezados por su líder, Nancy Pelosi, abandonaron la sala para boicotear el voto.
La medida, la primera contra un máximo responsable de Justicia en activo en más de 200 años de historia de EE.UU., no conlleva la dimisión de Holder, pero abre las puertas a una larga y costosa batalla legal y refleja una atmósfera de gran tensión entre los dos partidos.
La Casa Blanca invocó el pasado 20 de junio el fuero ejecutivo, que protege las deliberaciones internas del Gobierno federal, para negarse a dar los documentos.
El asunto, si prospera, podría definirse mucho después de los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, buscará la reelección.
El primer voto por desacato penal fue seguido por una segunda resolución por desacato civil, en una votación por 258 contra 95, que busca exigir por la vía judicial la entrega de los documentos solicitados por los republicanos.
Tanto la Casa Blanca como sus aliados demócratas en el Congreso insistieron en que la votación tuvo claras motivaciones políticas, porque el Departamento de Justicia entregó 7.600 documentos y participó en once audiencias en el Congreso en conexión con la operación de tráfico de armas a México "Rápido y Furioso".
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo en un comunicado que el voto fue un "ardid político" de los republicanos "en vez de una supervisión legítima del Congreso" sobre la operación.
Desde Miami (Florida), Holder tachó la resolución, en pleno año electoral, como un "burdo intento y un grave perjuicio para el pueblo estadounidense" porque, además, "desatará un innecesario conflicto en los tribunales".
La censura ya había sido aprobada la semana pasada por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que en 1998 también aprobó una resolución similar contra la entonces secretaria de Justicia, Janet Reno, pero que no llegó hasta el pleno.
Ese comité, presidido por el republicano Darrell Issa, exige documentos posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó la existencia de la operación, algo de lo que se retractó en diciembre de ese año.
La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.
Pero la ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdió el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.
Además, dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.
Su muerte, usada como arma política por los republicanos, contribuyó a la terminación de "Rápido y Furioso" a principios de 2011.
Durante el debate, Pelosi arguyó que los republicanos buscaban mancillar la imagen de Holder pese a que, a su juicio, los documentos entregados al Congreso lo "exculpan" del asunto.
Pero los republicanos, entre ellos Issa y el legislador de Utah, Jason Caffretz, insistieron en que sólo buscan llegar al fondo de la verdad y exigir la rendición de cuentas.
El tira y afloja sobre "Rápido y Furioso" se vio abonado por la injerencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende la tenencia de armas en EE.UU. y advirtió a los legisladores de que vigilaría de cerca su voto, de cara a las elecciones de noviembre.
En esos comicios se renovará la totalidad de los 435 escaños de la Cámara baja y un tercio del Senado y varios demócratas afrontan una reñida contienda para su reelección en sus distritos. EFE
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