Texas está gastando 1,3 millones de dólares semanales en policías estatales y unos 12 millones al mes en guardias nacionales.
Hasta hace poco, la Patrulla Fronteriza estadounidense era la única agencia del orden que monitoreaba los matorrales de mezquite y cañaverales a lo largo del río Bravo, y el reto para los agentes era distinguir entre un inmigrante exhausto y una amenaza.
Ahora la espesa maleza está llena de centenares de guardias nacionales, policías estatales y milicias civiles, todos fuertemente armados y a menudo con chalecos de uso militar y camuflaje.
Desde que la inmigración no autorizada se incrementó en el Valle del Río Grande este verano, la Patrulla Fronteriza ha despachado más agentes, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha enviado más hombres y el gobernador Rick Perry ha desplegado hasta 1.000 guardias nacionales en el área. Las autoridades se han negado a revelar las cifras exactas, pero Texas está gastando 1,3 millones de dólares semanales en policías estatales y unos 12 millones al mes en guardias nacionales.
La comunicación en el terreno entre los diversos agentes armados es fragmentaria, y un incidente reciente de fuego amigo con un miembro de una milicia hizo que la Guardia Fronteriza esta semana exhortara a dejar la vigilancia a los agentes del orden. Mientras tanto, en comunidades fronterizas, algunos locales temen que la reciente presencia de elementos de seguridad sea más bien una amenaza.
La coordinación ya es un reto tan sólo entre las propias entidades de la ley. Usan diferente equipo de radio, lo que complica la comunicación directa en el terreno. Así, sus representantes se sientan juntos en un centro de comando que trabaja las 24 horas de todos los días de la semana para evitar sorpresas. Cada turno de agentes de la Patrulla Fronteriza es informado de la presencia y actividad de otras agencias antes de salir al terreno.
Milicias civiles armadas, que se han sumado a la defensa de la frontera en números no conocidos, complican aún más el esfuerzo.
"A veces puede ser peligroso, porque se tiene a todas esas personas (ajenas a entidades del orden) corriendo junto a la frontera", dijo Kevin Oaks, jefe de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande. "Algunos miembros de los cárteles que llevan fusiles automáticos y camuflaje, y entonces hay otras personas que pueden estar bajo los auspicios de quién sabe cuál grupo, que podrían verse muy similares, y no tenemos idea de quiénes sean esas personas. Lo que temo es que estas cosas se sobrepongan entre sí y a la larga haya un desenlace muy malo".
Eso casi sucedió el 29 de agosto, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza que perseguía a un grupo de inmigrantes cerca del río Bravo al este de Brownsville volvió sobre sus pasos para encontrarse cara a cara con un hombre en ropa civil que sostenía un fusil. El agente disparó varias veces, pero no hirió al hombre, que era miembro de una milicia civil y realizaba un patrullaje.
Hasta ahora los residentes del área apenas han notado el despliegue de la Guardia Nacional. Los soldados se mueven la mayor parte del tiempo entre sus hoteles y puntos de observación en la frontera. Los policías estatales, que patrullan en sus vehículos de color negro con blanco, han sido mucho más visibles.
En una noche reciente se podía ver a 15 policías estatales desplazándose de un lado al otro del río Bravo. Estaban entre 31 unidades en un tramo de carretera fronteriza de 55 kilómetros (35 millas) entre Escobares y Peñitas.
El alcalde de Rio Grande City, Rubén Villarreal, se muestra filosófico cuando habla de los policías estatales que vigilan su calle principal y los guardias nacionales alojados en su hotel Holiday Inn. Las ciudades fronterizas suelen ser zarandeadas por decisiones tomadas en capitales lejanas a ambos lados de la frontera, y con el tiempo aprenden a adaptarse.
"Vivir junto a la frontera nos ha hecho muy resistentes", dijo Villarreal. "Si queremos un sentido de seguridad en la nación —porque no se trata solamente de seguridad para Rio Grande City o Texas, es para la nación— tenemos que entender que va a haber concesiones".
Pero la elevada presencia de seguridad ha sacudido a algunos residentes que ya de por sí están acostumbrados a vivir en una región en la que suele haber presencia de personal de la ley y el orden por todas partes.
Unas 50 personas se congregaron el jueves en las oficinas en San Juan de La Unión del Pueblo Entero, un grupo de activismo laboral. Una mujer tomó el micrófono y le preguntó a la concurrencia cuántos estaban preocupados por la intensificación de las patrullas de seguridad pública. Casi todo el mando alzó la mano.
Entre ellos estaba Isabel Barbosa, de La Joya, que dijo que viajaba en un auto con su madre y cuatro hermanos cuando un policía estatal detuvo el coche, diciéndoles que habían cruzado la línea blanca en la orilla de la carretera.
Barbosa, de 21 años, dijo que en un principio el agente le dijo a su madre que solamente recibiría una advertencia. Pero después fue detenida cuando arribó al lugar un agente de la Patrulla Fronteriza y determinó que ella carecía de autorización para estar en el país. La mujer fue deportada al día siguiente tras haber vivido 18 años en Estados Unidos, dejando atrás a un esposo enfermo y cinco hijos, el menor de apenas 3 años.
"La gente teme salir incluso a la tienda. No puede siquiera llevar a sus hijos a las clínicas. No pueden hacer nada", le dijo Barbosa a The Associated Press.
Villarreal admite que algunos de sus electores se han desconcertado por la creciente presencia de seguridad, y le advierte a los visitantes que respeten el límite de velocidad, aunque los policías estatales encuentran otras razones, tales como ventanillas oscurecidas, para detener vehículos en el tránsito.
"Sacrificamos la privacidad y mucho más aquí por la seguridad que necesita la nación", dijo.
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