Los mandatos de vacunación de Biden: se trata de poder

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09/11/2021Ryan McMaken


El gobierno de Biden anunció el jueves nuevos mandatos de gran alcance. Los nuevos mandatos exigen que todos los empleadores con más de cien trabajadores obliguen a éstos a vacunarse o someterse a pruebas de detección del virus semanalmente. Los mandatos también exigen la vacunación contra el covid para los 17 millones de trabajadores de centros sanitarios que reciben Medicare o Medicaid federal. Además, las vacunas son obligatorias para todos los empleados de la rama ejecutiva del gobierno federal, y para todos los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal. En estos casos no existe la opción de no vacunarse.

Los nuevos mandatos amplían un mandato anterior de este verano que exigía la vacunación del personal de las residencias de ancianos a otros entornos sanitarios, como hospitales, agencias de salud a domicilio y centros de diálisis.

Los empleados que no se conforman se enfrentan al despido. Los empleadores que no se conforman se enfrentan a la ira de los reguladores federales.

Claramente, esto representa otra frontera peligrosa en el uso de una crisis percibida o real para justificar una inmensa expansión del poder del Estado y del control estatal sobre la población.
Los vacunados siguen propagando la enfermedad

Las razones aducidas para el mandato siguen cambiando. Algunos partidarios del mandato de vacunación siguen afirmando que hay que culpar a los no vacunados de la continua propagación del covid-19.

Sin embargo, los hechos no apoyan esta postura. Sabemos que los vacunados propagan la enfermedad libremente, aunque los vacunados no sufren los efectos de la enfermedad en la misma medida que los no vacunados. Los vacunados infectados incluso llevan una carga viral similar a la de los no vacunados. De hecho, las autoridades sanitarias admiten tan libremente que los vacunados propagan la enfermedad, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan mandatos de máscara para los vacunados.

Algunos otros defensores de los mandatos, reconociendo la incoherencia de la posición de «detener la propagación», han vuelto a la misma lógica detrás del viejo eslogan de «aplanar la curva» de 2020. En este caso, se afirma que los no vacunados tienen más probabilidades de necesitar hospitalización y, por tanto, están utilizando «demasiadas» camas en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, ya no se trata de detener la propagación de la enfermedad, sino de limitar el uso de los recursos médicos.
El regreso de «aplanar la curva»

Al igual que con las viejas afirmaciones de «aplanar la curva», esto es una petición de principio de por qué sólo los pacientes con covid son el objetivo de los mandatos federales y la vergüenza pública. Si no vacunarse constituye una «opción insalubre» que debe ser castigada con amenazas de perder el trabajo, ¿por qué se ignoran otras opciones insalubres?

Las camas de los hospitales se llenan con frecuencia de pacientes que sufren sobredosis de drogas, fuman en cadena o se dejan llevar por la obesidad mórbida. De hecho, la diabetes de tipo 2 —que es totalmente prevenible— aumentó un 95% entre 2001 y 2017, especialmente entre los jóvenes.

Si uno menciona las opciones poco saludables que enviaron a estos pacientes a cuidados intensivos, es probable que se le acuse de «avergonzar a los gordos» o de culpar a la víctima. Por otro lado, señalar a los americanos reticentes a las vacunas para que se arruinen económicamente si las rechazan es recibido con vítores y aplausos.
Abandonar los límites del poder gubernamental

Estos argumentos a favor de los mandatos, por supuesto, se basan en la idea de que el gobierno federal debe no tener restricciones en su capacidad de imponer «soluciones» a diversas crisis percibidas o reales.

La cuestión de la autoridad legal para tales actos parece casi académica en este momento. Ha quedado muy claro que el gobierno federal —y especialmente el poder ejecutivo— considera los límites legales y constitucionales del poder federal como meros inconvenientes que hay que ignorar. Los debates sobre la constitucionalidad son ahora, en su mayor parte, una reliquia de una época anterior.

Así como la administración Trump inventó un nuevo poder federal para regular los desalojos en las propiedades de alquiler —con poca oposición política—, los dictados de vacunas de la administración Biden para todos los empleadores privados de cierto tamaño son notables por su alcance y naturaleza sin precedentes. La idea de que una sola persona —un presidente— pueda regular, de un plumazo, las condiciones de empleo de innumerables empleadores del sector privado es sorprendente, incluso en esta era de poder federal casi sin trabas.
Utilizar el gasto federal para conseguir el cumplimiento

Además, gracias al crecimiento del gasto público y de las subvenciones —como Medicare y Medicaid— que ahora se extienden a tantas instituciones americanos en todo el país, el gobierno federal ni siquiera necesita obligar directamente a cumplir. El gobierno federal puede simplemente decir: «Si quieren nuestro dinero, hagan lo que decimos». Después de décadas de condicionar a las instituciones americanas para que se vuelvan adictas al dinero federal, este método se vuelve más fácil cada año.

El ejercicio de tanto poder federal directo sobre 330 millones de americanos debería ser alarmante. Sin embargo, para muchos americanos —probablemente alrededor de la mitad de ellos— no será alarmante en absoluto. Las nociones de debido proceso, derechos naturales y poder estatal descentralizado casi no tienen sentido para esta parte de la población.
El triunfo de la tecnocracia

Más bien, los mandatos de las vacunas representan simplemente el último ejemplo de cómo la clase dirigente y gran parte de la opinión pública apoyan un estado tecnocrático utilitario que no está sujeto a las viejas limitaciones liberales clásicas del poder estatal. En las mentes de innumerables americanos, dudar de la concesión de nuevos y vastos poderes a los gobiernos es un hábito anticuado y despreciable. Lo que importa ahora es conceder a los agentes gubernamentales de buen corazón las prerrogativas para «hacer algo».

[Leer más: «Por qué tantos americanos rechazan el debido proceso legal en la era del covid» por Ryan McMaken]

El trabajo de base para todo esto se ha establecido durante décadas en las universidades, en las escuelas primarias públicas y en los medios de comunicación. El advenimiento de la «política covid», con sus encierros y mandatos de vacunación, es simplemente la última manifestación en la tradición de la Ley PATRIOT y la guerra contra las drogas. Este pensamiento ha sido abrazado tanto por la izquierda como por la derecha, ya que ambos bandos han buscado la acción federal para sus proyectos favoritos.

Sin embargo, el peligro de la actual «guerra contra el covid» es que es casi ineludible para el conjunto de la población. El carácter intrusivo de estas políticas —combinado con la repugnancia de una política diseñada para obligar a tomar medicamentos a millones de americanos— las sitúa en un nivel superior al de otras «guerras» gubernamentales en nombre de la seguridad o la «salud pública».

Quienes puedan resistirse a los mandatos deben hacerlo. Incluso hoy, quedan algunas vías a través de los tribunales federales. Y en los últimos años, los gobiernos estatales han mostrado una creciente voluntad de oponerse abiertamente a los actos federales.

Pero hasta que los americanos no empiecen a negar por completo la permisividad moral de los «mandatos federales», poco se podrá avanzar. Como señaló Ludwig von Mises en repetidas ocasiones, sólo el poder de las ideas es suficiente para poner límites reales al poder del Estado.

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