Defensores de la ley migratoria de Georgia manifiestan en Atlanta a favor de la polémica iniciativa inspirada en la SB 1070 de Arizona, que criminalizó la estadía indocumentada.
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Univision.com*
Dictamen subraya que ejecución de la ley de inmigración corresponde al gobierno federal
Una semana después de iniciadas las escuchas de los argumentos de defensores y detractores de la ley migratoria HB 87 de Georgia, un juez federal bloqueo partes de la polémica legislación que, entre otras recomendaciones criminaliza la estadía indocumentada.
El juez Thomas Thrash bloqueó partes de la medida que castiga a las personas que a sabiendas transporten o alberguen a inmigrantes indocumentados, y los poderes extraordinarios concedidos a los agentes de policía local (estatal municipal) para verificar la situación migratoria de individuos que no pueda proporcionar una identificación y demuestren que tengan permiso de estadía legal en el país.
En el dictamen, Thrash escribió que, bajo partes de la legislación, el estado está aplicando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal, y sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado, reportó The Associated Press.
En la demanda contra la ley de Georgia, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los abogados solicitaron a la corte que declare inconstitucional la HB 87 y que sea bloqueada en su totalidad hasta la conclusión del caso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SER), país que junto a otros 12 gobiernos latinoamericanos participa en la demanda contra la HB 87, dijo en comunicado que el fallo del juez federal Thrash "abre espacios para la aplicación selectiva e indebida de la ley".
Partes de la controversial legislación, inspirada en la también polémica SB1070 de Arizona, entrarán en vigor el 1 de julio.
Qué dice la ACLU
El abogado Omar Jadwat, de ACLU, argumentó que la HB 87 tiene fallas profundas, es inconstitucional en sus fundamentos e infringe la autoridad federal.
Por su parte, Devon Orland, secretario de Justicia adjunto de Georgia, sostiene que el estado debería tener inmunidad frente a impugnaciones judiciales de este tipo, y señala que la medida es necesaria debido a las dificultades que causa la presencia de indocumentados a instalaciones médicas y prisiones.
El gobernador Nathan Deal, el secretario estatal de Justicia, Sam Olens, y otros funcionarios locales aparecen como acusados en la demanda, reportó The Associated Press.
Además de otorgar poderes especiales a las policías para arrestar a indocumentados, la HB87 también convierte en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo.
La semana pasada los grupos defensores de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes dijeron temer que la ley podría alentar acciones policiales contra personas por su aspecto racial.
Los puntos que penalizan a las personas por alojar o transportar a indocumentados en ciertas situaciones también podrían castigarlas por interactuar inocentemente con inmigrantes ilegales, dijo Jadwat.
Detalles de la HB87
La HB87 autoriza a la policía a verificar la situación migratoria de ciertos sospechosos y detenerlos si se encuentran ilegalmente en el país. También aplica penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas, y convierte en delito la presentación de documentos o información falsa al solicitar empleo.
La ley figura entre las más duras del país desde que fue firmada la ley de Arizona, promulgada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010 y que entró en vigor el 29 de julio. Pero algunas de sus partes fueron congeladas temporalmente en la víspera por una corte federal.
Varios grupos, incluidos aquellos que representan negocios agrícolas, propietarios de restaurantes y organizaciones de interés comercial en Georgia, piden que la ley no entre en vigor y han expresado preocupaciones por la posibilidad de ser sancionados por no revisar adecuadamente los documentos de contrataciones nuevas.
El gobernador Deal, un republicano, dijo que no creía que la ley producirá boicots u otras medidas punitivas contra el estado, y agregó que el problema de la inmigración ilegal aún debe ser atendido a nivel federal.
Los hispanos en Georgia
El último reporte de la Oficina del Censo emitido el jueves reveló que la población hispana en Georgia casi se duplicó en los últimos 10 años. Los números muestran que unas 865,689 personas que se identificaban como hispanos vivían en el estado en 2010, una cifra comparada con las 435,227 personas que lo hicieron en 2000.
El número representa un incremento de 96,1%.
A pesar del crecimiento, los hispanos sólo representan menos de 9% de la población total de Georgia.
Gwinnett es el condado que tiene por mucho la mayor cantidad de hispanos en la entidad, con 162,035 personas.
Los otros condados con más hispanos son Cobb con 8,.330, Fulton con 72,566, DeKalb con 67,824 y Hall con 46,906.
La mayoría de los artículos de la ley entrarán en vigor el 1 de julio. Las empresas con más de 10 empleados tendrán plazo hasta julio de 2013 para acceder a la base de datos del E-Verify, que permite verificar el estatus migratorio de los contratados nuevos.
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