Así lo determinó hoy un juez del Tribunal federal de Quiebras
viernes, 7 de septiembre de 2018 - 1:38 PM
Por Frances Rosario
El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, ofrece una misa en la parroquia San Mateo de Santurce, cuyas cuentas fueron embargadas. (GFR Media)
Un juez del Tribunal federal de Quiebras determinó hoy que la protección que alcanzó la Arquidiócesis de San Juan al radicar una quiebra voluntaria para evitar el embargo de sus cuentas, le aplicará a todas las otras diócesis, parroquias y capillas de la Iglesia católica en Puerto Rico, informó la abogada de la Arquidiócesis, Carmen Conde.
La decisión del juez federal Edward Godoy, dijo la licenciada, permitirá que todas las cuentas de bancos de las parroquias afectadas por la orden de embargo que emitió el juez superior Anthony Cuevas Ramos, en el caso de la demanda radicada por un grupo de empleados de la Academia Perpetuo Socorro para recuperar el pago de sus pensiones, queden descongeladas.
En entrevista con endi.com, Conde explicó que “la arquidiócesis de San Juan, dentro de su caso de quiebras, solicitó la protección para las parroquias porque, a pesar que se habían descongelado cuentas de Arquidiócesis, los de las parroquias no se habían descongelado”.
“La consecuencia es que ahora mismo los demandantes en la corte estatal están impedidos de embargar ningún bien de la iglesia en Puerto Rico, no importa en donde esté”, puntualizó.
Específicamente, la orden del juez establece que "la corte deja claro que este fallo y la protección de la suspensión automática se extiende a todas las parroquias de la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, aunque sus cuentas bancarias pueden estar a nombres o números de identificación patronal diferentes a los del deudor".
Esta decisión se emitió en una vista que se desarrolló esta mañana.
La Iglesia católica solicitó la quiebra voluntaria, bajo el Capítulo 11 –reorganización corporativa– de la Ley de Quiebras federal, el pasado 29 de agosto. Informó que en ese entonces les adeudaba a sus acreedores más de $16.1 millones, incluidos los $4.7 millones que solicitaron los demandantes que reclaman el pago de sus pensiones.
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