26 de Julio de 2014
Washington (Sábado, 26-07-2014, Gaudium Press) Tras una serie sucesiva de derrotas en las cortes de Estados Unidos, que han alcanzado su punto más alto en una decisión reciente de la Corte Suprema (ver noticia anterior), la administración Obama revisaría finalmente el controvertido mandato antinatalista para incluir una excepción suficiente para los objetores por motivos religiosos y de conciencia. El anuncio se hizo a través de una comunicación oficial ante la Corte de Apelaciones de Denver en uno de los numerosos procesos que avanzan en contra de la medida. Hasta el momento, la gran mayoría de procesos avanzan satisfactoriamente y han tenido resultados contrarios a la norma demandada.
Las cortes han atendido el llamado de las instituciones religiosas y civiles por el respeto a la libertad religiosa. Fotot: Ssalonso.
La polémica norma, que ordena que los empleadores paguen una cobertura de salud obligatoria para su personal y que debe necesariamente incluir fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos, todos ellos considerados inmorales por la doctrina de la Iglesia, suscitó un notable rechazo liderado por la Iglesia Católica y respaldado por numerosas organizaciones y particulares.
El reclamo de la Iglesia está centrado en la esencial libertad de todo ciudadano de practicar libremente su fe en todos los aspectos de su vida. El mandato tenía previstas cuantiosas multas para quienes objetaran la financiación de esos productos y servicios y sólo incluyó - tras una fuerte presión de la opinión pública - un estrecho régimen de excepciones criticado como claramente insuficiente.
Una polémica normativa
La primera excepción aprobada intenta definir lo que es - y lo que no es - una institución religiosa, dejando por fuera prácticamente la totalidad de las agencias caritativas, hospitales, instituciones educativas y otras organizaciones católicas de servicio. Los Obispos señalaron repetidamente que esta clasificación arbitraria no correspondía a la realidad y que el Estado no tiene facultad para trazar un límite a la práctica de la fe protegida por la Constitución (ver noticia anterior).
La segunda excepción, llamada "acomodación" por la administración, consistía en que el empleador transfiera a través de un documento (el EBSA Form 700) la responsabilidad de financiar los productos objetables directamente a la aseguradora, para que éstos se continúen ofreciendo de la misma manera. Esta alternativa fue también rechazada notoriamente y calificada por un grupo de líderes como "un truco barato de contabilidad" y "un insulto a la inteligencia de la gente de fe y conciencia" (ver noticia anterior).
Precisamente esta última acomodación es el objeto de la demanda ante la Corte de Apelaciones de Denver que mereció la notificación por parte del gobierno su disposición a reformar la medida. En 40 de 49 demandas interpuestas por organizaciones con ánimo de lucro fue otorgada una suspensión provisional que se hará definitiva cuando se aplique la jurisprudencia del reciente fallo de la Corte Suprema. Quedan por resolverse 52 casos de organizaciones religiosas que tienen una alta probabilidad de éxito y en las que sólo se han producido tres derrotas temporales para los demandantes. Si bien el caso aún no se cierra, se ratifican los motivos que hacen prever una pronta victoria para la Iglesia en una ardua controversia de tres años de duración.
Con información de Catholic News Service y Fondo Becket para la Libertad Religiosa.
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