BBC Mundo
Hace 2 h 28 min
Ahora los militares podrán ejecutar arrestos, allanamientos y registro de vehículos en las calles hondureñas.
La reforma aprobada por el Congreso de Honduras que permite a las fuerzas armadas ejercer funciones policiales con el propósito de restaurar el orden público y lograr la paz social ha sido acogida positivamente por el gobierno del país. Sin embargo, expertos en derechos humanos consideran que se trata de una decisión peligrosa.
Honduras tiene la tasa más alta de homicidios per cápita en el mundo. Según el Estudio Global sobre Homicidios 2011, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el país centroamericano ocurren 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en unos 20 homicidios por día.
Anteriormente, el ejército podía apoyar a la policía en operaciones de prevención del delito, pero no tenía la potestad de actuar con libertad.
Con esta nueva legislación, los militares podrán ejecutar arrestos, allanamientos y registro de vehículos. Además, podrán participar en la lucha contra el narcotráfico y cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado.
"Ahora las fuerzas armadas podrán participar y ayudar a nuestro pueblo. Yo estoy muy comprometido en darles seguridad, ayúdenme todos a que logremos el objetivo de que nuestro pueblo viva en paz y tranquilidad", dijo el presidente Porfirio Lobo en declaraciones a medios locales.
¿Confianza?
En conversación con BBC Mundo, el diputado del gubernamental Partido Nacionalista Hondureño, Oswaldo Ramos, señaló que se trata de una medida temporal.
"La delicuencia campea por los cuatro puntos cardinales del país. Están asesinando niños, mujeres, profesionales, periodistas, abogados… Mientras se realiza el proceso de depuración de la policía, que desafortunadamente está muy corrompida, era necesario que se tomaran algunas determinaciones", dice Ramos.
"Cuando el pueblo ve a las fuerzas armadas, confía en ellas", asegura.
En contraposición, Wilfredo Méndez, director ejecutivo Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH) con sede en Tegucigalpa, afirmó a BBC Mundo que -aprovechando el tema de la inseguridad- se está militarizando el país a menos de dos años del golpe de Estado.
"Estamos muy preocupados porque no sólo se trata de sacar a los militares a la calle, sino que ya se está hablando de que se va a implementar nuevamente el servicio militar obligatorio. Se están legalizando prácticas que no lo son".
"No nos causó ninguna sopresa que, cuando las fuerzas armadas fueron desplegadas para hacer tareas de seguridad interna, se disparara el número de denuncias por abusos cometidos por los militares"
Ariel E. Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU
Honduras tiene la tasa más alta de homicidios per cápita en el mundo. Según el Estudio Global sobre Homicidios 2011, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el país centroamericano ocurren 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en unos 20 homicidios por día.
Anteriormente, el ejército podía apoyar a la policía en operaciones de prevención del delito, pero no tenía la potestad de actuar con libertad.
Con esta nueva legislación, los militares podrán ejecutar arrestos, allanamientos y registro de vehículos. Además, podrán participar en la lucha contra el narcotráfico y cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado.
"Ahora las fuerzas armadas podrán participar y ayudar a nuestro pueblo. Yo estoy muy comprometido en darles seguridad, ayúdenme todos a que logremos el objetivo de que nuestro pueblo viva en paz y tranquilidad", dijo el presidente Porfirio Lobo en declaraciones a medios locales.
¿Confianza?
En conversación con BBC Mundo, el diputado del gubernamental Partido Nacionalista Hondureño, Oswaldo Ramos, señaló que se trata de una medida temporal.
"La delicuencia campea por los cuatro puntos cardinales del país. Están asesinando niños, mujeres, profesionales, periodistas, abogados… Mientras se realiza el proceso de depuración de la policía, que desafortunadamente está muy corrompida, era necesario que se tomaran algunas determinaciones", dice Ramos.
"Cuando el pueblo ve a las fuerzas armadas, confía en ellas", asegura.
En contraposición, Wilfredo Méndez, director ejecutivo Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH) con sede en Tegucigalpa, afirmó a BBC Mundo que -aprovechando el tema de la inseguridad- se está militarizando el país a menos de dos años del golpe de Estado.
"Estamos muy preocupados porque no sólo se trata de sacar a los militares a la calle, sino que ya se está hablando de que se va a implementar nuevamente el servicio militar obligatorio. Se están legalizando prácticas que no lo son".
"No nos causó ninguna sopresa que, cuando las fuerzas armadas fueron desplegadas para hacer tareas de seguridad interna, se disparara el número de denuncias por abusos cometidos por los militares"
Ariel E. Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU
Para Méndez, los militares no tienen competencias policiales ni la formación adecuada y por ello podrían registrarse excesos en el uso de la fuerza. Su principal angustia es el abuso que la medida pudiera generar.
"Las respuestas que el Estado está brindando en este momento en materia de seguridad son soluciones laxas, superficiales y de manipulación frente a la indignación que existe en el país", aseveró.
El caso mexicano
Al permitir que los soldados realicen allanamientos y arrestos, Honduras sigue el ejemplo de México, en donde el ejército ha colaborado en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos cinco años sin el éxito esperado.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, que realizó una visita oficial a ese país en marzo de este año, recomendó al gobierno mexicano "la retirada del Ejército de las calles en el corto plazo".
clic Lea también: Para expertos de la ONU, el ejército mexicano no debe estar en las calles
Ariel E. Dulitzky, experto en el sistema interamericano de Derechos Humanos y uno de los miembros del grupo, explicó a BBC Mundo que "tanto la lógica como el entrenamiento que reciben los militares difieren de la lógica y el entrenamiento que reciben los policías en funciones de proteger la seguridad ciudadana".
Dulitzky coincide con Méndez en que "el entrenamiento y la doctrina de las fuerzas armadas de cualquier país es defender la soberanía nacional y enfrentar a un enemigo. En el caso de la policía, el entrenamiento y la doctrina fundamental es proteger la seguridad del individuo, defender al ciudadano; están preparados para reprimir el crimen en un contexto de interacción con civiles".
Por esa razón, "no nos causó ninguna sopresa que se disparara el número de denuncias por abusos cometidos por los militares, cuando las fuerzas armadas fueron desplegadas para realizar tareas de seguridad interna", concluyó el experto.
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