El presidente ss favorito para ganar en primera ronda, pese a que algunas encuestas muestran que el empresario radiofónico Fabio Gadea, aspirante por el opositor Partido Liberal Independiente, su principal adversario y aliado a fuerzas de la disidencia sandinista, parece reducir distancias
Domingo 06 de noviembre de 2011
SAN JOSÉ.— Daniel Ortega ignoró y superó una intensa presión política interna y diplomática externa desde que en 2008 lanzó un plan para emular a sus aliados gobernantes del bloque latinoamericano anti-Washington —los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa— y hoy colocará a Nicaragua ante unos comicios generales con un posible desafiante desenlace: la reelección de un presidente de cuestionada constitucionalidad.
Como candidato del gobernante y ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el presidente Ortega es favorito para ganar en primera ronda, pese a que algunas encuestas muestran que el empresario radiofónico Fabio Gadea, aspirante por el opositor Partido Liberal Independiente, su principal adversario y aliado a fuerzas de la disidencia sandinista, parece reducir distancias.
El comandante sandinista, quien perdió tres elecciones consecutivas en Nicaragua —1990, 1996 y 2002— y ganó en 2006, avanzó hace más de tres años en su proyecto reeleccionista, pese a que la Constitución de Nicaragua prohíbe ocupar la presidencia más de dos veces y en dos periodos consecutivos. Ortega fue presidente de 1985 a 1990, en el proceso revolucionario sandinista, instalado en 1979 tras el desplome de la dictadura somocista (1934-1979), y desalojado por vía electoral en 1990, con acusaciones de totalitario y dictatorial.
Tras lograr el control político de estratos claves en el poder judicial, el jefe ex guerrillero logró, en 2009, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua emitiera un cuestionado fallo, que finalmente le allanó la ruta a la reelección para poder gobernar otros cinco años a partir de enero de 2012.
“En Nicaragua se está jugando la continuidad de la democracia o la dictadura institucionalizada de Ortega”, acusó el nicaragüense Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (no estatal). “A Ortega lo que le interesa es mantener el poder a cualquier costo”, insistió Carmona, al ser entrevistado por EL UNIVERSAL. “Es una dictadura institucionalizada: el estado de derecho en Nicaragua ya no existe. La incipiente democracia está en riesgo por la corrupción de nuestros políticos, que buscan prebendas personales y sin visión de fortalecer la democracia”, reprochó.
Peticiones de este diario para entrevistar al gobernante o a su influyente esposa, Rosario Murillo, sobre las acusaciones en su contra, no fueron respondidas. En campaña, Ortega y el FSLN defendieron la legalidad de la candidatura y negaron que el país vaya hacia una dictadura.
Escenario complicado
La reelección del mandatario agravaría la crisis institucional y de gobernabilidad en la segunda nación más pobre de América (después de Haití), distanciada de socios cooperantes de EU y de Europa por el denunciado fraude sandinista en los comicios municipales de 2008 y cada vez más sujeta a los millonarios desembolsos financieros y petrolero de Chávez y al respaldo político de Caracas, La Habana, Quito y La Paz.
El triunfo de Ortega “resucitará” su proyecto para “establecer la reelección indefinida”, advirtió el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, hijo del asesinado periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro y de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, en un artículo en medios de prensa del área.
Chamorro, disidente del FSLN, aseguró que si el presidente es reelecto, “es inevitable que se acentúe la cooptación del ejército y la policía”, como factor “consustancial del modelo político” de Ortega para que dejen de ser instituciones nacionales y se conviertan en “instituciones presidenciales al servicio del caudillo y no de la ley. Este es el mayor peligro para el futuro democrático de Nicaragua”.
En un país con más del 50% de sus 5.5 millones de habitantes sofocados por la miseria y mayorías atrapadas en la economía subterránea, con debilidad institucional y difusa separación de poderes, la palabra dictadura parece ser una constante de la política.
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