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ROSWELL, Georgia, EE.UU. (AP) - Como tantos indocumentados que viven en Estados Unidos, el mexicano Lorenzo Jiménez sabía que los agentes de inmigración podrían buscarlo en cualquier momento.
Aún así, tuvo tanta fe en sus planes de forjarse una vida en Estados Unidos que compró una casa en este suburbio de Atlanta, usando el nombre y el número de Seguridad Social de su hija estadounidense, quien por entonces tenía un año de edad.
La estratagema funcionó por algún tiempo y Jiménez y su familia vivieron durante varios años como "ciudadanos normales".
A unas cuantas casas de Jiménez y su familia está la casa de la madre de Nicole Griffin. Cuando Griffin visitaba a su madre, dice, sus hijos jugaban con los niños de Jiménez. A inicios de año, Jiménez puso a la venta su casa de cuatro alcobas y dos baños porque quería más espacio. Griffin se interesó de inmediato.
Ambos negociaron un contrato, pero Griffin pidió postergar la firma porque tenía problemas para conseguir una tasa de interés baja. Jiménez aceptó, aunque le pidió a Griffin que se mudase a la casa en el plazo establecido y le pagase un alquiler mientras se completaba el trámite.
Griffin se mudó y pronto surgió otro inconveniente: sus abogados le dijeron que en el título de la casa figuraba el nombre de la hija de Jiménez, pero en los documentos de venta no. Los abogados dijeron que este problema se podía resolver, pero tomaría más tiempo.
A esta altura, Griffin decidió que no le correspondía pagar alquiler, pues la demora era causada por Jiménez. El mexicano insistió en que pagase y estalló la guerra entre ambos: Griffin, una madre soltera de 28 años y con dos hijos, fue forzada a abandonar la casa y mudarse con su madre. Molesta, se vengó delatando a Jiménez ante los medios de comunicación locales, las autoridades de inmigración y el jefe de Jiménez. Incluso puso letreros en el patio de la casa diciendo que Jiménez es un indocumentado.
"Fue mi último recurso", afirmó Griffin. "Una vez que me di cuenta de que mi familia tenía siete días para salir de una casa que se supone que otra familia no posee legalmente, fui y le dije a su patrón" que Jiménez no tenía papeles.
Como resultado, Jiménez dice que perdió su trabajo como cocinero en un restaurante de lujo. Agentes de inmigración vestidos de civil lo detuvieron brevemente en octubre. Fue citado para comparecer en enero ante un juez, quien podría ordenar su deportación. Ahora está luchando legalmente para evitarlo.
"Estoy muy triste y muy angustiado", dijo Jiménez, de 32 años. "No puedo dormir porque estoy pensando en mi familia ¿Qué va a pasar? No lo sé".
Griffin insiste en que ella actuó para proteger sus intereses y que no se arrepiente.
"Al final, ¿me siento mal de que la familia se metiera en problemas? Para nada", aseguró.
Los inmigrantes que deciden trabajar y residir sin documentos en Estados Unidos dicen que sólo luchan por lo mismo que los estadounidenses: un buen trabajo, una casa y quizá algo más.
Sin embargo, como lo refleja la frustrada compraventa de la casa, si los intereses de ciudadanos legales y los de indocumentados chocan, pueden producirse situaciones dolorosas en las que ambas partes se dicen víctimas.
Jiménez llegó a Estados Unidos desde México hace aproximadamente una década. Cuando compró la casa hace cuatro años, el agente de bienes raíces que se ocupó de la venta le dijo que podría conseguir una mejor tasa de interés si usaba la información de su hija en los documentos en lugar del número de identificación federal que usa para pagar impuestos sobre la renta.
Posteriormente Jiménez inició el proceso legal para poner las escrituras de la casa a su nombre. En eso estaba cuando Griffin vio este año el letrero de "en venta" de la casa, por la que Jiménez pedía 164.500 dólares.
Los abogados de Jiménez buscan hacer que él pueda residir permanentemente en Estados Unidos, un proceso que podría durar varios años. Mientras el proceso continúe, podrá conseguir un permiso de trabajo. Sin embargo, aunque consiga empleo, Jiménez estará viviendo en el limbo. Su solicitud de quedarse en el país podría ser rechazada.
Aunque Jiménez canceló la venta, no quiere regresar a la casa con su familia por el temor de la incertidumbre, por lo que siguen residiendo en un apartamento que se suponía era un lugar temporal hasta que compraran una vivienda más grande.
Griffin no ha buscado comprar otra casa, en parte porque no puede darse el lujo. Ella y sus hijos siguen viviendo con la madre de ella.
A unos metros de distancia, la casa de Jiménez está vacía.
ROSWELL, Georgia, EE.UU. (AP) - Como tantos indocumentados que viven en Estados Unidos, el mexicano Lorenzo Jiménez sabía que los agentes de inmigración podrían buscarlo en cualquier momento.
Aún así, tuvo tanta fe en sus planes de forjarse una vida en Estados Unidos que compró una casa en este suburbio de Atlanta, usando el nombre y el número de Seguridad Social de su hija estadounidense, quien por entonces tenía un año de edad.
La estratagema funcionó por algún tiempo y Jiménez y su familia vivieron durante varios años como "ciudadanos normales".
A unas cuantas casas de Jiménez y su familia está la casa de la madre de Nicole Griffin. Cuando Griffin visitaba a su madre, dice, sus hijos jugaban con los niños de Jiménez. A inicios de año, Jiménez puso a la venta su casa de cuatro alcobas y dos baños porque quería más espacio. Griffin se interesó de inmediato.
Ambos negociaron un contrato, pero Griffin pidió postergar la firma porque tenía problemas para conseguir una tasa de interés baja. Jiménez aceptó, aunque le pidió a Griffin que se mudase a la casa en el plazo establecido y le pagase un alquiler mientras se completaba el trámite.
Griffin se mudó y pronto surgió otro inconveniente: sus abogados le dijeron que en el título de la casa figuraba el nombre de la hija de Jiménez, pero en los documentos de venta no. Los abogados dijeron que este problema se podía resolver, pero tomaría más tiempo.
A esta altura, Griffin decidió que no le correspondía pagar alquiler, pues la demora era causada por Jiménez. El mexicano insistió en que pagase y estalló la guerra entre ambos: Griffin, una madre soltera de 28 años y con dos hijos, fue forzada a abandonar la casa y mudarse con su madre. Molesta, se vengó delatando a Jiménez ante los medios de comunicación locales, las autoridades de inmigración y el jefe de Jiménez. Incluso puso letreros en el patio de la casa diciendo que Jiménez es un indocumentado.
"Fue mi último recurso", afirmó Griffin. "Una vez que me di cuenta de que mi familia tenía siete días para salir de una casa que se supone que otra familia no posee legalmente, fui y le dije a su patrón" que Jiménez no tenía papeles.
Como resultado, Jiménez dice que perdió su trabajo como cocinero en un restaurante de lujo. Agentes de inmigración vestidos de civil lo detuvieron brevemente en octubre. Fue citado para comparecer en enero ante un juez, quien podría ordenar su deportación. Ahora está luchando legalmente para evitarlo.
"Estoy muy triste y muy angustiado", dijo Jiménez, de 32 años. "No puedo dormir porque estoy pensando en mi familia ¿Qué va a pasar? No lo sé".
Griffin insiste en que ella actuó para proteger sus intereses y que no se arrepiente.
"Al final, ¿me siento mal de que la familia se metiera en problemas? Para nada", aseguró.
Los inmigrantes que deciden trabajar y residir sin documentos en Estados Unidos dicen que sólo luchan por lo mismo que los estadounidenses: un buen trabajo, una casa y quizá algo más.
Sin embargo, como lo refleja la frustrada compraventa de la casa, si los intereses de ciudadanos legales y los de indocumentados chocan, pueden producirse situaciones dolorosas en las que ambas partes se dicen víctimas.
Jiménez llegó a Estados Unidos desde México hace aproximadamente una década. Cuando compró la casa hace cuatro años, el agente de bienes raíces que se ocupó de la venta le dijo que podría conseguir una mejor tasa de interés si usaba la información de su hija en los documentos en lugar del número de identificación federal que usa para pagar impuestos sobre la renta.
Posteriormente Jiménez inició el proceso legal para poner las escrituras de la casa a su nombre. En eso estaba cuando Griffin vio este año el letrero de "en venta" de la casa, por la que Jiménez pedía 164.500 dólares.
Los abogados de Jiménez buscan hacer que él pueda residir permanentemente en Estados Unidos, un proceso que podría durar varios años. Mientras el proceso continúe, podrá conseguir un permiso de trabajo. Sin embargo, aunque consiga empleo, Jiménez estará viviendo en el limbo. Su solicitud de quedarse en el país podría ser rechazada.
Aunque Jiménez canceló la venta, no quiere regresar a la casa con su familia por el temor de la incertidumbre, por lo que siguen residiendo en un apartamento que se suponía era un lugar temporal hasta que compraran una vivienda más grande.
Griffin no ha buscado comprar otra casa, en parte porque no puede darse el lujo. Ella y sus hijos siguen viviendo con la madre de ella.
A unos metros de distancia, la casa de Jiménez está vacía.
