El gobernador Luis Fortuño participó ayer en la graduación de 139 jóvenes del programa Youth Challenge, de la Guardia Nacional de Puerto Rico. (Primera Hora / Vanessa Serra Díaz)
sábado, 19 de septiembre de 2009
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
El Gobierno defendió con vehemencia ayer la orden ejecutiva que firmó el gobernador Luis Fortuño en la cual se cambian los parámetros para la activación de la Guardia Nacional, a pesar de las críticas de diversos sectores que ven la acción como una represiva.
“Antes (la activación), se hacía por conveniencia, pero ahora tiene que haber unos parámetros para poder activarla”, dijo Fortuño ayer en una rueda de prensa en la cual defendió su orden, la cual derogó un estatuto previo del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá que ponía a la Guardia Nacional en un estado de “alerta máxima” ante un aumento en la tasa de asesinatos durante la primera quincena de enero de 2007. Acevedo Vilá nunca llegó a activar la Guardia Nacional para combatir el crimen.
Lee la orden ejecutiva firmada por Luis Fortuño
Lee la anterior orden ejecutiva de Aníbal Acevedo Vilá
Uno de los puntos más polémicos de la orden, firmada por Fortuño el pasado 10 de septiembre, es que faculta al superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, para activar el cuerpo castrense sin tener la autorización directa del gobernador, que aunque mantiene el poder de modificar o cancelar la movilización de los soldados, lo cierto es que se convierte en un ente “pasivo” en el proceso.
Fortuño rechazó de manera categórica que estuviese relegando sus poderes al convertir al Superintendente, quien podrá convocar a los soldados cuando surja una incapacidad de las autoridades civiles para controlar una “inminente perturbación del orden o la seguridad pública”.
Ese lenguaje ha provocado molestia en el movimiento obrero, que entiende que la movida es un mensaje claro de preparación de cara a los posibles despidos de hasta 30,000 empleados públicos.
La orden sostiene que la Guardia Nacional será activada para “brindar apoyo a las autoridades civiles durante situaciones de grave perturbación del orden público”, pero el Gobernador negó que la orden preparara el terreno para una confrontación militar contra los sindicatos.
Figueroa Sancha, por su parte, aseguró que no han discutido con el Gobernador la activación del cuerpo para combatir el crimen y subrayó que la orden sólo “agiliza” el procedimiento. “Éste es sólo otro paso para estar listos ante la eventualidad de una emergencia”, dijo el funcionario.
En la misma línea se expresó el ayudante general de la Guardia Nacional, Antonio Vicéns, quien le restó importancia a las críticas hechas al leguaje vago de la orden. “Precisamente estábamos buscando una orden genérica”, sostuvo el general, quien tiene a cargo unos 10,000 efectivos militares. “Veo esto como una cosa sencilla, que no se le debería dar un matiz de otra índole”.
Algunos juristas, como el profesor de derecho constitucional Carlos Ramos, entienden que la Orden del Gobernador alcanza la “frontera de la inconstitucionalidad”, ya que la activación de la Guardia se concreta con una mera notificación. “La ley de la Guardia Nacional dice que el Comandante en Jefe (el Gobernador) puede delegar algunos de sus poderes, pero lo que nunca puede delegar es la activación”, precisó el jurista.
El dirigente sindical Luis Pedraza Leduc entiende que la orden forma parte de un plan gubernamental ante la posibilidad de huelgas de trabajadores. “El militar no macanea. El militar tiene bayonetas y armas que estaría dispuesto a utilizar. Eso es lo grave”, dijo.
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