El Gobierno mexicano detiene en Michoacán a un segundo cabecilla del grupo criminal
Paula Chouza México 27 ENE 2014 - 23:24 CET4
Dionisio Plancarte fue detenido este lunes en Michoacán / AP
El Gobierno mexicano anunció este martes la detención de uno de los cabecillas del cártel de Los Caballeros Templarios, la organización criminal que controla el tráfico de droga en el Estado de Michoacán, al suroeste de México, desde 2011. Dionisio Loya Plancarte, conocido como El Tío, fue detenido la madrugada de este lunes "sin que se haya efectuado un solo disparo", presumió Monte Alejandro Rubido, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Junto al presunto narcotraficante fue detenido un menor de 16 años no identificado. "Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un clóset", señaló Rubido. El Tío es considerado uno de los principales operadores del grupo, gran conocedor de las operaciones financieras y de la estructura del cártel.
El arresto se da a conocer el mismo día que los gobiernos estatal y federal se reúnen con las autodefensas -grupos de civiles armados- y firman un acuerdo de ocho puntos que sienta las bases para que los rebeldes se incorporen a la "vida institucional".
Según la prensa mexicana, sus zonas de operaciones son fundamentalmente Apatzingán y Uruapan, las dos ciudades más importantes de la región de Tierra Caliente. Apatzingán, con 80.000 habitantes, el llamado bastión de los Caballeros Templarios y capital económica de la zona, es considerada la joya de la corona para los grupos de autodefensa -civiles armados- que tratan de hacerse desde febrero con el control del territorio para expulsar al crimen organizado.
Desde 2009 Loya Plancarte es uno de los hombres más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR), que incluso ofrece por él una recompensa de 30 millones de pesos.
"A Loya Plancarte se le conoce como un hombre que tenía buenos contactos para el trasiego de la droga hacia el norte del país, así como el encargado de construir empresas y negocios para lavar el dinero de la organización", informa la prensa. Además, diversas declaraciones ministeriales se desprenden que este hombre era el encargado de contactar y “contratar” a las autoridades de seguridad pública de los distintos municipios de Michoacán y de corromper a los ministerios públicos estatales.
A Dionisio Loya se le dio por muerto en marzo del 2013, sin embargo en junio apareció en un vídeo proponiendo una tregua a las policías comunitarias de Michoacán. Está acusado, junto con Servando Gómez Martínez La Tuta,el jefe máximo del cártel, de la ejecución de 12 agentes de la Policía Federal, en julio de 2009. Según las investigaciones de la PGR, él es el encargado de prensa y relaciones públicas de la organización.
En entrevista con los medios el pasado martes, el nuevo Comisionado especial para la Seguridad en Michoacán del Gobierno de Peña Nieto, Alfredo Castillo, aseguró que el Ejecutivo había definido 26 líderes del cártel de Los Caballeros Templarios como objetivos específicos y estratégicos de la operación que lanzó hace ya dos semanas en el Estado para aplacar la escalada de violencia. En los últimos meses los grupos de autodefensa habían avanzado en el control del territorio provocando numerosas refriegas. La intensidad de la lucha hizo reaccionar al Ejecutivo de Peña Nieto.
El Tío es el segundo gran líder que cae desde el comienzo de la operación conjunta de los gobiernos federal y estatal en Michoacán. El pasado 19 de enero, el Ejecutivo anunció la detención de Jesús Vázquez Macías, conocido en la región como El Toro. Este hombre había sido señalado por los portavoces de las autodefensas como uno de los encargados de cobrar extorsiones en varios municipios de Michoacán, además de llevarse a mujeres para violarlas. Los abusos contra las esposas e hijas de los pobladores fue uno de los detonantes para que los ciudadanos decidieran tomar las armas.
Un acuerdo de ocho puntos
P. CHOUZA
La reunión de este lunes entre las autodefensas y los gobiernos federal y estatal puede suponer un punto de inflexión en la lucha armada de los últimos once meses en Michoacán, al sur de México.
El acuerdo entre civiles armados y los gobiernos estatal y federal es, según el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, "un primer paso decisivo para el cumplimiento de la estrategia en favor de la seguridad y el desarrollo del estado, ya que permitirá devolver progresivamente la normalidad a la entidad".
El documento difundido por la Secretaría de Gobernación consta de ocho puntos:
1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.
2. Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.
3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.
4. Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.
5. Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.
6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.
7. Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.
8. En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.
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