Por Juan Pablo Pérez B. · 16 de Junio de 2020
Foto tomada de El Heraldo
Tras un lobby de las cabezas de los católicos y los evangélicos del país, ambas con línea directa al despacho del presidente Iván Duque (que es un católico confeso y recibió en campaña el apoyo de varias iglesias evangélicas grandes), y de unos protocolos de bioseguridad armados por esos mismos líderes religiosos; está a punto de arrancar un plan piloto para la apertura de las iglesias.
El decreto salió este domingo y, por ahora, contempla únicamente a los municipios sin casos confirmados de coronavirus, e incluye distancia de dos metros entre los asistentes y uso obligatorio del tapabocas durante toda la ceremonia, entre otras reglas para evitar el contagio.
Luego de casi tres meses de cierre por la cuarentena, y de las duras críticas de algunos religiosos al Presidente por permitir la reapertura de otros sectores, empezarán nuevamente los cultos presenciales bajo el argumento de que hay que subsanar los daños colaterales que ha traído el aislamiento (problemas de salud mental, aumento en el número de suicidios y en los casos de violencia intrafamiliar, entre otros), como afirman los líderes cristianos en los protocolos de bioseguridad que le enviaron al Gobierno.
Pero también porque, debido al confinamiento, varias iglesias no han recibido la misma cantidad de donaciones, lo que ha generado una enorme caída en sus cuentas.
"Hemos tenido una reducción del 80 por ciento de nuestros ingresos", nos aseguró, por ejemplo, John Andrés Cuervo, gerente de la Misión Carismática Internacional, una de las iglesias más grandes del país.
Esta apuesta es grande, no sólo por la concentración de personas que se da usualmente en esas ceremonias (en Corea del Sur, las iglesias fueron uno de los focos que dispararon los casos de Covid), sino porque justo en estos momentos el país parece estar ad portas de entrar al pico de la pandemia.
El poder de la fe
El plan piloto se iba a comenzar a implementar este domingo en Salamina (Caldas) y Aguazul (Casanare) -dos municipios no Covid con iglesias no tan grandes-, pero no arrancó porque precisamente ese día fue que Duque firmó el decreto que lo autoriza.
Además del tapabocas y la distancia de dos metros entre asistentes, la norma incluye desinfección de manos y de todo el recinto antes y después de las ceremonias y entrega de ofrendas preferiblemente de manera digital, entre otros.
Se discutió durante tres semanas virtualmente en la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos, encabezada por la dirección que guarda este mismo nombre y depende del Ministerio del Interior e integrada por todas las cabezas de las religiones que hay en el país: no sólo representantes católicos y evangélicos (que son las dos con más fieles), sino, también, adventistas, judíos, budistas, musulmanes, hare krishna y más.
Pero el decreto y todo el plan piloto son el resultado de unas movidas que venían de tiempo atrás y cuyos protagonistas son los líderes del catolicismo y de los evangélicos, quienes se movieron por fuera de la Mesa y luego les socializaron las decisiones.
Por el lado católico, el liderazgo lo ha ejercido la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), que es la cara institucional del catolicismo en Colombia y depende directamente del Vaticano.
Su poder está en que no necesita intermediarios, como la Mesa de Asuntos Religiosos, para comunicarse con el Presidente, pues lo hace directamente.
“En este tiempo, la Conferencia ha mantenido un diálogo bilateral directo con el Gobierno”, nos dijo el padre Jorge Bustamente vocero de la CEC.
Esta relación directa entre el alto Gobierno y la CEC no es sólo con Iván Duque, sino que ha sido así históricamente. La explicación es que Colombia es un país profundamente católico cuyo Estado oficialmente lo fue hasta hace treinta años.
Así, por ejemplo, la CEC empezó a trabajar en sus propios protocolos de bioseguridad a mediados de abril y se los enviaron a Presidencia el 26 de ese mes.
El plan piloto de Salamina y Aguazul nació de una sugerencia que hizo la Conferencia en una de estas reuniones por fuera de la Mesa a mediados de mayo.
Luego, se les compartió y todos estuvieron de acuerdo.
Del lado evangélico, quien ha liderado este proceso por fuera de ese espacio ha sido el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, uno de los partidos que integra la coalición en el Congreso del presidente Duque.
Rodríguez ha estado en constante diálogo con las principales iglesias evangélicas del país y les ha servido de puente con el Gobierno.
Así, envió dos cartas al Gobierno, con la firma de los representantes de 50 iglesias evangélicas, con propuestas para reabrir. Primero una el 1 de abril y luego otra el 20 que tenía ya la firma de otras iglesias, como la adventista y la católica, que, por su lado, en cabeza de la CEC, también estaba en diálogos con el Gobierno.
El Senador Rodríguez nos contó que, en este proceso de gestión, además de las iglesias, ha hablado con la ministra del Interior Alicia Arango, con el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos Carlos Baena (quien es cristiano y milita en el partido Mira, que también hace parte de la coalición de Duque), con el viceministro de Salud Alexander Moscoso, con otros funcionarios del Ministerio de Salud, asesores del Presidente y hasta el gobernador del Casanare Salomón Sanabria y la alcaldesa de Aguazul Martha Moreno.
“Yo ahora vivo de Zoom en Zoom”, nos dijo.
La importancia de este congresista cristiano en este proceso de reapertura ha sido tal que fue él quien anunció, a través de un video que fue publicado en redes sociales el miércoles 10 de junio, el plan piloto, antes que el mismo Gobierno.
Esta gestión le ha dado a Rodríguez una visibilidad más allá de los cristianos, a tal punto que incluso periodistas de medios nacionales lo han lanzado al ruedo de precandidatos presidenciales para 2022.
Tras poco más de un mes de diálogos constantes con estos dos líderes del cristianismo, Duque finalmente designó, a finales de mayo, una comisión con profesionales de la salud para estudiar el protocolo de bioseguridad conjunto que enviaron sus principales cabezas.
Justo para esa fecha, el obispo de Valledupar Óscar José Vélez publicó un fuerte video, que fue replicado en medios, en el que criticó al Presidente y su Gobierno por su “persistencia de mantener a los fieles creyentes lejos de los templos considerándolos como sitios de alto riesgo”, mientras abría otros sectores de la economía.
Se quejó que, desde el 20 de abril, él y otros obispos habían enviado solicitudes para la reapertura de los templos y se habían “encontrado con oídos sordos”.
“Una cosa es no ceder a presiones, otra cosa es no escuchar razones. A veces pensamos que el Presidente tiene miedo a lo que pueden decirle los medios de comunicación o la reacción de algunos de sus funcionarios”, dijo.
Efectivamente, el reclamo del obispo Vélez representa el sentir de muchas personas.
En Colombia, la religión cumple un papel fundamental. Es el principal vehículo de participación social y comunitaria.
La encuesta de cultura política del Dane del 2017 afirma que el 74,5 de los adultos asiste a reuniones de tipo religioso, más de cinco veces el número de personas que se reunen en Juntas de Acción Comunal, asociaciones o clubes.
Las dos más fuertes son la católica y el movimiento evangélico. Aunque en Colombia no hay una cifra oficial del número de creyentes, dos encuestas hechas en los últimos tres años (Cifras y Conceptos y Latinobarómetro) muestran que el cristianismo es la principal religión del país: aproximadamente el 74 por ciento de los colombianos son católicos y cerca del 15 son evangélicos.
Tras el retraso del plan piloto por la salida del decreto presidencial hasta este domingo, esta reapertura (que en cualquier caso se hará en los pueblos no Covid previa autorización del Ministerio del Interior) quedó para finales de esta semana.
Que continúe o no dependerá de que no se disparen los contagios en esos sitios.
Como sea, desde ya el asunto ratificó la influencia que tiene el cristianismo en el Gobierno Duque.
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