AFP/GettyImagesEl gobierno de Daniel Ortega ha despedido o sancionado empleados por negarse a afiliarse al FSLN.
Nicaragua recortó a empleados públicos
EFE
11 de Junio de 2009
Noticias de Nicaragua
MANAGUA - El Ejecutivo nicaragüense ha sancionado o despedido entre 1,800 y 2,200 empleados públicos por negarse a aceptar un carné que los acredite como militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), denunció una central sindical.
Militancia sandinista
Álvaro Leiva, dirigente de la opositora Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, señaló a la prensa local que esas sanciones o despidos se han dado principalmente este año, tras una campaña promovida por los sandinistas por acreditar como militantes a los empleados estatales.
"No es posible que a los empleados del Estado se les esté presionando a afiliarse al partido de Gobierno, caso contrario los mandan a la calle despiadadamente o los suspenden indefinidamente en su trabajo", cuestionó el dirigente sindical.
Ese sindicato, adscrito a la Central de Unidad Sindical (CUS), hizo esa denuncia este miércoles ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), crítica al Gobierno de Daniel Ortega.
Leiva sostuvo que los empleados públicos, en algunos casos, se han visto obligados a aceptar el carné de militante del FSLN, aunque no compartan esa ideología, por temor a perder sus trabajos.
Para aniversario
Asimismo, denunció que el Ejecutivo, con esa práctica, viola la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y los derechos humanos de los funcionarios públicos.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, aseguró que acompañarán a esa Federación en esa denuncia, porque no se puede permitir que las instituciones públicas "sean instrumento para estar reprimiendo a los trabajadores".
El diputado socialcristiano Agustín Jarquín, aliado de los sandinistas, dijo a la prensa que utilizar instituciones del Estado para entregar el carné de un partido político contraviene la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Advirtió que los funcionarios que realizan esas prácticas pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos por el Parlamento.
El Gobierno de Ortega se ha propuesto entregar más de un millón de carnés de militantes del FSLN, incluido a trabajadores del Estado, antes del 19 de julio próximo, cuando se cumple el 30 aniversario de la revolución sandinista.
.EFE
11 de Junio de 2009
Noticias de Nicaragua
MANAGUA - El Ejecutivo nicaragüense ha sancionado o despedido entre 1,800 y 2,200 empleados públicos por negarse a aceptar un carné que los acredite como militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), denunció una central sindical.
Militancia sandinista
Álvaro Leiva, dirigente de la opositora Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, señaló a la prensa local que esas sanciones o despidos se han dado principalmente este año, tras una campaña promovida por los sandinistas por acreditar como militantes a los empleados estatales.
"No es posible que a los empleados del Estado se les esté presionando a afiliarse al partido de Gobierno, caso contrario los mandan a la calle despiadadamente o los suspenden indefinidamente en su trabajo", cuestionó el dirigente sindical.
Ese sindicato, adscrito a la Central de Unidad Sindical (CUS), hizo esa denuncia este miércoles ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), crítica al Gobierno de Daniel Ortega.
Leiva sostuvo que los empleados públicos, en algunos casos, se han visto obligados a aceptar el carné de militante del FSLN, aunque no compartan esa ideología, por temor a perder sus trabajos.
Para aniversario
Asimismo, denunció que el Ejecutivo, con esa práctica, viola la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y los derechos humanos de los funcionarios públicos.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, aseguró que acompañarán a esa Federación en esa denuncia, porque no se puede permitir que las instituciones públicas "sean instrumento para estar reprimiendo a los trabajadores".
El diputado socialcristiano Agustín Jarquín, aliado de los sandinistas, dijo a la prensa que utilizar instituciones del Estado para entregar el carné de un partido político contraviene la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Advirtió que los funcionarios que realizan esas prácticas pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos por el Parlamento.
El Gobierno de Ortega se ha propuesto entregar más de un millón de carnés de militantes del FSLN, incluido a trabajadores del Estado, antes del 19 de julio próximo, cuando se cumple el 30 aniversario de la revolución sandinista.
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