30/07/2008 20:38
El número de sacerdotes se limitó a uno por cada 6.000 habitantes y se les obligó a registrarse.
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Juan De Meer
El 31 de julio de 1926 el Episcopado mejicano dispone el cese del culto público. La medida, consultada con el Papa, respondía al cerco de estado empeñado en minar los últimos restos de tolerancia que permitían el mantenimiento del culto y la acción social de la iglesia. La Constitución de 1917 ahondó la intolerancia liberal. La Iglesia perdió su personalidad jurídica y el estado pasó a decidir sobre los templos y sacerdotes dedicados al culto. De especial importancia era la prohibición de toda labor educativa y la imposición de la educación laica.
A la llegada a la Presidencia de Calles, la intolerancia alcanza el paroxismo. Un ejemplo fue el intento de crear una Iglesia Católica Nacional. A la cada vez más arbitraria coacción y a la acentuación de la represión, los católicos respondieron con la creación de una Liga para la defensa de la Libertad Religiosa, que declarada ilegal el pasó a la clandestinidad. El culto llegó a ser declarado ilegal.
Por último el gobierno hizo aprobar una legislación que limitaba los sacerdotes a uno por seis mil habitantes y se obligaba al registro ante los municipales con facultad para autorizar la actividad. La iglesia perdió toda capacidad educativa. La comunidad y el Episcopado elevaron al Congreso Nacional una petición suscrita por 2 millones de ciudadanos que fue rechazada, al considerar que carecían de derecho de petición al haber perdido la nacionalidad al acatar a otro jefe de estado. La retirada al ámbito privado acentuará la represión y ésta provocaá el enfrentamiento. El domingo no hubo misa por primera vez desde los días anteriores. Las iglesias estuvieron llenas a reventar.
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