Gov. Jan Brewer de Arizona. CBS/CBS
PHOENIX (AP) ― Una severa iniciativa para combatir la inmigración ilegal en Arizona se convertirá en ley, pese a que el presidente Barack Obama la calificó el viernes de "irresponsable" y "mal encaminada".
La gobernadora Jan Brewer, promulgó con su firma la ley, en un acto transmitido el viernes en directo por la televisión. La medida entrará en efecto en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en las próximas semanas.
Brewer que enfrenta una reñida contienda electoral y trata de mitigar el descontento por la inmigración ilegal en el estado, dijo que la iniciativa "protege a todos los ciudadanos de Arizona", y añadió que Arizona debía tomar medidas porque el gobierno federal ha fallado.
"En Arizona hemos sido más que pacientes, a la espera de que Washington actúe", dijo Brewer después de promulgar la ley. "Pero varias décadas de inactividad y de políticas erróneas han generado una situación peligrosa e inaceptable".
La amplia legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
Obama advirtió en Washington que la medida podría violar los derechos civiles de la gente, y ha instruido al Departamento de Justicia a analizar la medida para determinar si es legal.
Pero los comentarios del mandatario no convencieron a la gobernadora republicana del estado para vetar lo que sería la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal.
Obama sostuvo que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales, caso contrario dejará la puerta abierta a la "irresponsabilidad ajena".
"Esto incluye, por ejemplo, gestiones recientes en Arizona que amenazan con socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades que es crucial para brindarnos seguridad", dijo Obama.
Brewer tenía un día más para decidir qué hacer con el proyecto de ley. Sin embargo, decidió no esperar.
El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. La mandataria estatal podía firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.
Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos de denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal.
El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados.
Arizona tiene unos 460.000 inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación.
Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.
Uno de los adversarios de Brewer en las primarias republicanas, el tesorero estatal Dean Martin, le había exhortado a firmar el proyecto.
Obama hizo sus declaraciones durante una ceremonia de naturalización de 24 soldados en servicio activo, de quienes dijo que representan el verdadero patriotismo por servir a un país al que entonces no podían llamar suyo.
Dijo que seguirá colaborando con el Congreso para elaborar una reforma global de la ley inmigratoria.
"Si seguimos sin tomar medidas en el nivel federal, veremos otras gestiones mal encaminadas en el país", dijo Obama. "Como nación, como pueblo, podemos elegir un futuro diferente".
Brewer dijo que no toleraría que las autoridades incurrieran en prácticas de caracterización racial, pero no explicó cómo.
Cientos de manifestantes se concentraron el viernes en el complejo del Legislativo estatal, para exigir que Brewer vetara la iniciativa.
Varios manifestantes han acampado afuera del Capitolio estatal desde el lunes, cuando la medida fue aprobada por la Legislatura. Su número ha aumentado constantemente durante la semana. Autobuses trajeron a manifestantes incluso desde Los Angeles.
Una docena de simpatizantes de la medida más severa se concentraron también.
El legislador federal Raúl Grijalva, demócrata que se opone a la medida, dijo que debió cerrar sus oficinas en Arizona al mediodía del viernes, después de que su personal en Yuma y Tucson recibió numerosas llamadas esta semana, algunas con amenazas de actos violentos e insultos racistas.
La gobernadora Jan Brewer, promulgó con su firma la ley, en un acto transmitido el viernes en directo por la televisión. La medida entrará en efecto en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en las próximas semanas.
Brewer que enfrenta una reñida contienda electoral y trata de mitigar el descontento por la inmigración ilegal en el estado, dijo que la iniciativa "protege a todos los ciudadanos de Arizona", y añadió que Arizona debía tomar medidas porque el gobierno federal ha fallado.
"En Arizona hemos sido más que pacientes, a la espera de que Washington actúe", dijo Brewer después de promulgar la ley. "Pero varias décadas de inactividad y de políticas erróneas han generado una situación peligrosa e inaceptable".
La amplia legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
Obama advirtió en Washington que la medida podría violar los derechos civiles de la gente, y ha instruido al Departamento de Justicia a analizar la medida para determinar si es legal.
Pero los comentarios del mandatario no convencieron a la gobernadora republicana del estado para vetar lo que sería la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal.
Obama sostuvo que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales, caso contrario dejará la puerta abierta a la "irresponsabilidad ajena".
"Esto incluye, por ejemplo, gestiones recientes en Arizona que amenazan con socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades que es crucial para brindarnos seguridad", dijo Obama.
Brewer tenía un día más para decidir qué hacer con el proyecto de ley. Sin embargo, decidió no esperar.
El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. La mandataria estatal podía firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.
Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos de denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal.
El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados.
Arizona tiene unos 460.000 inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación.
Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.
Uno de los adversarios de Brewer en las primarias republicanas, el tesorero estatal Dean Martin, le había exhortado a firmar el proyecto.
Obama hizo sus declaraciones durante una ceremonia de naturalización de 24 soldados en servicio activo, de quienes dijo que representan el verdadero patriotismo por servir a un país al que entonces no podían llamar suyo.
Dijo que seguirá colaborando con el Congreso para elaborar una reforma global de la ley inmigratoria.
"Si seguimos sin tomar medidas en el nivel federal, veremos otras gestiones mal encaminadas en el país", dijo Obama. "Como nación, como pueblo, podemos elegir un futuro diferente".
Brewer dijo que no toleraría que las autoridades incurrieran en prácticas de caracterización racial, pero no explicó cómo.
Cientos de manifestantes se concentraron el viernes en el complejo del Legislativo estatal, para exigir que Brewer vetara la iniciativa.
Varios manifestantes han acampado afuera del Capitolio estatal desde el lunes, cuando la medida fue aprobada por la Legislatura. Su número ha aumentado constantemente durante la semana. Autobuses trajeron a manifestantes incluso desde Los Angeles.
Una docena de simpatizantes de la medida más severa se concentraron también.
El legislador federal Raúl Grijalva, demócrata que se opone a la medida, dijo que debió cerrar sus oficinas en Arizona al mediodía del viernes, después de que su personal en Yuma y Tucson recibió numerosas llamadas esta semana, algunas con amenazas de actos violentos e insultos racistas.
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