FBI detiene a alcalde puertorriqueño por corrupción

El alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa es acusado de soborno, intento de extorsión y obstrucción a la justicia, delitos que podrían conllevar 10 años de prisión



La multa impuesta para el político sería de $250,000.


Foto: Archivo
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EFEUSA
PUBLICADO: JUL, 10, 2014 5:01 PM EST


San Juan.- El alcalde de la localidad puertorriqueña de Río Grande, Eduard Rivera Correa, fue detenido este jueves por el FBI acusado de soborno, intento de extorsión y obstrucción a la justicia, delitos que podrían conllevar 10 años de prisión y multas de hasta $250,000.

Así lo anunciaron la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y el jefe local del FBI, Carlos Cases, en una conferencia de prensa en la que ofrecieron detalles de la detención de este político del partido gobernante en Puerto Rico, al que se acusa de haber reclamado dinero a cambio de contratos.

Los hechos que se le imputan tuvieron lugar entre 2009 y 2012. La Fiscalía le atribuye haber extorsionado a un contratista al que reclamó miles de dólares para cerrar varios contratos de servicios en su municipio, uno de los 78 en los que está dividida la isla.

Como parte de esta operación está también acusado y detenido el abogado Alejandro Carrasco, que asesoraba a este y otros municipios.

Según la Fiscalía, el contratista extorsionado llegó a pagar más de $39,000 al alcalde y $18,300 al abogado.

Este arresto tiene lugar tan sólo un día después de que el directo del FBI, James Comey, visitara por primera vez Puerto Rico y se refiriera expresamente al problema que suponela corrupción en esta isla.

Comey insistió en que la corrupción "tiende a ser cultural" y defendió que "hay que arrancarlo de raíz", algo en lo que también insistió Cases, que dijo que este problema está presente a todos los niveles de la isla.

Rivera Correa es alcalde desde 2005 de Río Grande, un municipio cercano al área metropolitana de San Juan conocido por albergar lujosos hoteles, gozar de bellas playas y estar muy cerca de El Yunque, el único bosque tropical húmedo del sistema de parques forestales de Estados Unidos.

La Fiscalía pedirá que se mantenga detenido sin fianza al alcalde, quien trabajó durante 26 años en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, así como en ayudante del administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

"Al conocer los detalles que acompañan la acusación en contra del alcalde Eduard Rivera Correa, le hacemos un llamado a que renuncie a su cargo inmediatamente", dijo hoy el gobernador interino y secretario del Estado de Puerto Rico, David Bernier.

Dijo que es la actitud "que procede y lo más correcto", al tiempo que pidió al secretario de Justicia, César Miranda, que "proceda con la mayor diligencia posible con los trámites necesarios para solicitar la suspensión del alcalde, según lo dispuesto en la Ley del Fiscal Especial Independiente".

También el FBI arrestó por corrupción a un policía de 40 años, Alexander Mir Hernández, adscrito a la División de Autopistas del área de Carolina desde hace sólo cuatro meses y procedente de la División de Drogas del Aeropuerto Internacional de San Juan.

Esta detención está relacionada con la de otros 16 policías el pasado mayo acusado de extorsión, robo y crimen organizado, entre otros delitos.

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Procesado por soborno el vicepresidente de Argentina

La oposición exige la destitución inmediata de Boudou

DESCARGABLE Lea aquí la resolución de la Justicia argentina
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 28 JUN 2014 - 23:37 CET460



Amado Boudou, el pasado 9 de junio / GUSTAVO AMARELLE (AFP)



En medio de la recesión económica que atraviesa Argentina y del conflicto por su deuda en EE UU que puede derivar en una suspensión de pagos, por primera vez en la historia un vicepresidente del país sudamericano es procesado en el ejercicio de su cargo. Un juez federal de Buenos Aires, Ariel Lijo, procesó este viernes por la noche al vicepresidente de su país, Amado Boudou, por los presuntos delitos de cohecho (soborno) y negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou, que fue elegido por el voto popular en 2011 junto con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha contado hasta ahora con su respaldo.

Su procesamiento supone un varapalo político para la jefa de Estado. El escándalo, que versa sobre el rescate de la única imprenta de billetes de Argentina, estalló en 2012 y ha llevado a que la fragmentada oposición, minoritaria en el Congreso, pida que el vicepresidente renuncie o al menos pida una excedencia hasta que se resolviese la causa si no quiere enfrentar un juicio político para destituirlo. La oposición también destacó la independencia judicial en el país.

La investigación judicial de Lijo presume que la imprenta Ciccone se encontraba al borde del colapso cuando de repente fue rescatada por alguien que estaba inscrito en Hacienda como pequeño contribuyente autónomo, Alejandro Vandenbroele. A su vez, la exmujer de Vanderbroele ha declarado que su exmarido era testaferro de Boudou. La justicia también cuestiona que Ciccone se beneficiara de un plan especial de pago de deudas tributarias.

La decisión judicial no implica la prisión preventiva, aunque sí el embargo de bienes por valor de 200.000 pesos (unos 24.500 dólares o 18.000 euros). Boudou alegó en varias ocasiones que no estaba dispuesto a renunciar a su cargo, ya que considera que las denuncias obedecen a una razón política de desgaste del Gobierno peronista y no tienen fundamento político. Recordó además que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, estuvo procesado por presunto espionaje ilegal y, sin embargo, no dejó sus funciones.


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El juez Lijo no solo procesó a Boudou sino también a Vanderbroele, a un amigo del vicepresidente que habría intervenido en la operación, a un exfuncionario de Hacienda, al expropietario de Ciccone y a su yerno. Después de estallar el caso, el kirchnerismo impulsó en el Congreso la estatalización de la imprenta.

La noticia del procesamiento ocurrió mientras el vicepresidente argentino se encontraba de viaje oficial por Cuba. Su abogado prometió este sábado que apelará la decisión judicial. Además, otro juez también quiere indagarlo porque supuestamente usaba un coche con documentación falsa. Tanto este presunto delito como el de la imprenta habrían sido cometidos por Boudou cuando era ministro de Economía del primer Gobierno de Fernández, entre 2009 y 2011, antes de llegar a la vicepresidencia del país.

La oposición quiere someter a Boudou a un juicio político, pero este proceso debería comenzar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el peronismo kirchnerista tiene mayoría. Sin embargo, en Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, se esperanzan con que los diputados que son más peronistas que kirchneristas comiencen a despegarse del Gobierno de Fernández, cuando falta un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, y voten en contra de Boudou. La Cámara de Diputados es la que decide si se hace el juicio y el Senado, el que juzga.

Boudou, de 51 años, es un economista de pasado liberal que se integró en el kirchnerismo en 2003. En 2008, como jefe de la Seguridad Social, impulsó la reestatalización del sistema de pensiones que había sido privatizado en la década de los noventa, cuando Boudou era militante de derecha. Por su fidelidad absoluta a la peronista Fernández, ella lo designó candidato a vicepresidente en las elecciones de 2011. Juntos obtuvieron entonces el 54% de los votos. Pero a poco de asumir la vicepresidencia del país, Boudou se enfrentó al caso Ciccone. En Argentina la función del número dos del Gobierno no es ejecutiva sino que se limita a presidir el Senado y a reemplazar al jefe de Estado en caso de enfermedad, muerte o viajes.

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FBI arresta a los alcaldes de Sweetwater y Miami Lakes por sobornos

  

El martes, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a los alcaldes de Miami Lakes y de Sweetwater bajo cargos relacionados con sobornos. Agentes de la agencia federal detuvieron a Michael Pizzi, alcalde de Miami Lakes, y a Manuel “Manny” Maroño, alcalde de Sweetwater, en sus respectivas oficinas de los ayuntamientos de ambos. - 11:57 AM ET

 

Publicado el martes, 08.06.13


JAY WEAVER


JWEAVER@MIAMIHERALD.COM


JAY WEAVER el Nuevo Herald


El martes, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a los alcaldes de Miami Lakes y de Sweetwater bajo cargos relacionados con sobornos.

Agentes de la agencia federal detuvieron a Michael Pizzi, alcalde de Miami Lakes, y a Manuel “Manny” Maroño, alcalde de Sweetwater, en sus respectivas oficinas de los ayuntamientos de ambos.

Se cree que Pizzi y Maroño harán su primera comparecencia ante una corte federal de Miami el martes en horas de la tarde. Pizzi, que está en su segundo término como alcalde, es figura pública desde hace años. Con anterioridad trabajó como abogado para un bufete de Miami encargado de defender casos criminales. De igual modo, ocupó el puesto de concejal de Miami Lakes antes de aspirar exitosamente a la alcaldía de la ciudad en el 2008. El año pasado fue reelecto.

En el 2012, Pizzi derrotó fácilmente a su oponente Wayne Slaton, que había sido el primer alcalde de Miami Lakes tras su incorporación como municipio en el 2000. La contienda entre Pizzi y Slaton por la alcaldía resultó particularmente desagradable para Miami Lakes, una comunidad por lo general muy apacible que fue el hogar original de la empresa de productos lácteos de la familia Graham.

Antes, en el 2011, Pizzi llamó la atención cuando ayudó en la campaña para pedir la renuncia de una adversaria política, la comisionada de Miami-Dade Natacha Seijas. Ese año, Seijas fue destituida de su cargo junto al alcalde del condado Carlos Alvarez en una votación especial para pedir la destitución de ambos.

Por su parte, Maroño, miembro de la Comisión de Sweetwater desde el 1995, fue elegido como alcalde en el 2003.

Al igual que Pizzi, Maroño tiene un perfil muy prominente para ser funcionario de una pequeña ciudad. En la actualidad ocupa el cargo de presidente de la Liga de Ciudades de la Florida, que tiene una membresía de más de 400 ciudades, municipios y villas de todo el estado. En el 2011, Maroño desempeñó un papel importante en el equipo de transición del gobernador Rick Scott. Ese año, Maroño y el ex administrador de North Bay Village Jorge Forte fundaron una firma de asuntos públicos y de desarrollo empresarial llamada 7 Strategies.

Forte y Maroño, que se conocen desde la época de secundaria, nombraron la compañía como referencia al plan de siete pasos de Scott para crear 700,000 empleos en siete años. 7 Strategies está enfocada en estrategias que crean “mejores vínculos” entre los clientes y el sector público, le dijeron ambos socios a la publicación The South Florida Business Journal en el 2011. Igualmente la firma trabaja a favor de algunos clientes. El enfoque de la compañía se relaciona, en parte, a las oportunidades relacionadas con el sector público para negocios, ya que los funcionarios locales, estatales y federales han estado trabajando mediante miles de millones en dinero de estímulo que las compañías pueden aprovechar, dijeron Maroño y Forte. Maroño apoyó desde una fecha temprana al gobernador como un valor para clientes potenciales. Dijo que su compañía investigaría a los clientes para cerciorarse de que su agenda “coincida con la estrategia del gobernador y no apartará la atención de ese mensaje”.

“Sabemos cómo trabaja el gobierno local, cómo trabaja el estado, cómo trabaja el condado y cómo trabaja el gobernador, que es la parte más importante”, le declaró Maroño al Business Journal. “Sabemos cómo trabaja el gobernador”.

Ahora el gobernador republicano, debido al arresto de Maroño bajo cargos de corrupción, tendrá que suspender al alcalde de Sweetwater de su cargo, mientras espera la fecha del juicio. Scott también tendrá que suspender a Pizzi como alcalde de Miami Lakes.



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